Esta federación recalcó en un comunicado que J.L.F.S., administrador de Maikan, y F.J.B.U., administrador de la Vetmovil y veterinario encargado en la empresa Recolte, Servicios y Medio Ambiente, estaban siendo investigados por presuntos delitos de “maltrato masivo de animales e intrusismo profesional” ante el Juzgado de Instrucción nº40 de Madrid, pero no serán juzgados.

Ello, según la Fapam, pese a la acusación del Ministerio Fiscal de “delito continuado relativo a la protección de los animales domésticos” y de que el juez del caso indicó en un auto en septiembre de 2019 que “de las actuaciones practicadas resultan acreditados múltiples hechos ocurridos entre el 01 de julio de 2015 y finales de ese mismo año, que indiciariamente presentan caracteres de delitos relativos a la protección de los animales domésticos”.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado en un auto reciente el sobreseimiento de la causa, ya que las declaraciones de los investigados se produjeron concluido el plazo de instrucción sin que el juez de instrucción hubiese prorrogado la causa en el plazo legal.

Tras una denuncia interpuesta por la Fapam en 2017, la Fiscalía de Madrid ordenó al Seprona investigar lo ocurrido desde 2013 en las instalaciones de Maikan, situadas en el municipio de Talamanca del Jarama, así como otros hechos, todos relacionados con la recogida de animales abandonados que realizaban las empresas gestionadas por las dos personas investigadas.

Este cuerpo de la Guardia Civil y el Ministerio Fiscal encontraron indicios de maltrato animal e intrusismo profesional, pues los investigados se dedicaron entre 2013 y 2017 presuntamente a “maltratar de manera continua, con enseñamiento e interés lucrativo, a cientos de animales abandonados, provenientes de más de 10 municipios”, según la Fapam.

“Los animales no eran alimentados ni se les suministraba comida, llegando en el caso de los gatos a comerse los unos a los otros”, aseguró la Fapam tras recabar el testimonio de un extrabajador de Maikan.

Según la federación, el veterinario FJ.B.U., profesor en la Universidad de Alfonso X El Sabio, llevaba “auxiliares sin conocimiento veterinario alguno a sacrificar masivamente a los animales al centro Maikan, los cuales “morían entre terribles dolores, ya que no se les suministraba el eutanásico para su peso ni de manera adecuada, ni se les realizaba una sedación previa”.

Solo en 2017, Recolte Servicios y Medio Ambiente se deshizo de más de 7.000 kilos de cadáveres en los vertederos, según el atestado del Seprona incorporado a la causa.

AUTO DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN

El juez de instrucción concluyó en su auto de fecha 24 de septiembre de 2019 que de las actuaciones practicadas resultaban acreditados múltiples hechos que indiciariamente presentan caracteres de delitos relativos a la protección de los animales domésticos, y que debían ser juzgados en la vía penal.

El auto recalca que los investigados, “consciente e intencionadamente, estuvieron dejando de atender necesidades vitales de alimento de múltiples perros y gatos recogidos en los términos municipales de Ayuntamientos con los que tenían concertada la recogida y alojamiento de animales extraviados, abandonados o vagabundos, especialmente de los no identificados, matando a muchos de ellos en cuanto podían tenerlos por abandonados legalmente, mediante practica de eutanasias no indicadas ni supervisadas por veterinario y por razones ajenas a estricto motivos de sanidad animal.”

El Ministerio Fiscal presentó una solicitud de 18 meses de cárcel para ambos investigados y 15 meses de prisión para los auxiliares veterinarios.

Uno de los acusados recurrió el auto y la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid acaba de darle la razón por un error formal en el procedimiento, puesto que las declaraciones de los investigados se produjeron superado el límite de los seis meses de la investigación, por lo que se consideran inválidas, de manera que ha dictaminado el sobreseimiento provisional de la causa.

“Desgraciadamente, esta resolución deja indefensos a cientos de animales, que continúan bajo los ‘no cuidados’ de estas dos empresas, dado que, pese a estar siendo investigados por estos hechos tan graves, existen ayuntamientos que continuaban y continúan teniendo a estas empresas contratadas para los servicios de recogida de animales abandonados”, indicó la Fapam.

"Desde la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid nos preguntamos si en una escuela o residencia de ancianos se mantendrían contratados presuntos violadores de menores o asesinos de ancianos, pese a no haber sido juzgados aún, si bien creemos que la respuesta es obvia", añadió.

La federación apuntó que “los animales abandonados de los municipios de Arganda del Rey, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, El Molar y Algete seguirán bajo el yugo de estas empresas, debido a la incompetencia de un sistema que no es capaz de ayudar a estos seres indefensos y debido a la falta de sensibilidad y empatía de los dirigentes de estos municipios”.