Cabré ha asegurado que esta decisión "afectará a la gestión de las plazas de acogida y a las actuaciones para la integración de inmigrantes, desarrolladas por más de doscientos ayuntamientos de la Comunitat".

Estas iniciativas se financiaban a través de un convenio entre la Consejería de Justicia y Bienestar Social y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, sufragado en su mayoría por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Según el titular de Justicia y Bienestar Social, "los servicios municipales son los primeros a los que acuden los inmigrantes y su labor es esencial de cara a una efectiva integración de los extranjeros en nuestra Comunitat, por lo que su desaparición sería una gran pérdida y un retroceso en lo logrado hasta el momento por nuestra región en materia de inmigración".

En este sentido, Jorge Cabré ha explicado que, "con esta paralización, la Generalitat deja de recibir financiación por parte del Estado para la acogida e integración de las personas inmigrantes, lo que nos obligará a suprimir la mayoría de las acciones que se están desarrollando y colocarán al colectivo inmigrante en una difícil situación".

La suspensión del convenio, explicó, también ha perjudicado a las comunidades autónomasde Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Islas Baleares, La Rioja, Murcia y Navarra.