Son estimaciones realizadas por Payment Innovation, el hub de CaixaBank, Visa y Samsung, junto a Analistas Financieros Internacionales (Afi) y compartidas esta mañana por la consultora de Afi, Verónica López, quien explicó que dicha cuantía “permitiría cubrir este pago del ingreso mínimo vital durante aproximadamente dos años” tomando de referencia los 850.000 hogares a los que el Gobierno quiere llegar con la nueva prestación.

Según explicó, el cálculo se centra en “aquellos focos de actividad de la economía sumergida más cotidiana de nuestro país derivada del trabajo no declarado, el fraude del IVA y de la infradeclaración que se estima existe en el modelo de tributación por módulos del IRPF”.

Los números barajados para el estudio toman de base que la economía sumergida equivalía en el 2017 al 18% del PIB o una actividad no declarada por valor de 209.136 millones, que los autores del informe aconsejan atajar poniendo coto a los pagos en efectivo con la promoción de los pagos digitales desde el propio sector públicos.

La experta de Afi indicó que España es un país “muy terminalizado” como lo demuestra que en el 2019 existiesen 86 millones de tarjetas en circulación o 1,8 per cápita, por encima del promedio del 1,7 de la UE y la eurozona, y en línea con países donde hay un uso más intensivo del ‘dinero de plástico’ como Dinamarca (1,7) y Suecia (1,8) y por encima de países como Italia (1,4) y Grecia (1,5).

La cobertura de terminales de pago (TPV), con unos 2 millones o 37.000 por cada millón de habitantes, está también “muy por encima del promedio europeo”, y contamos además con más de 50.000 cajeros automáticos o 1.133 por cada millón de ciudadanos, frente a los 836 de la UE y los 727 de la eurozona.

Sin embargo, subrayó que apenas se realizan 119 pagos con tarjeta al año, por debajo de los 168 de promedio europeo y muy lejos de Dinamarca, Suecia o Finlandia, donde supera los 300; y apenas se efectúan operaciones con tarjetas por valor de 285 euros de media diaria en cada TPV mientras uno instalado en Portugal recibe 679 euros y uno instalado en Reino Unido 941.

El valor de las 4.500 operaciones realizadas en España en ese mismo 2019 apenas representó además el 17% del PIB, cuando en Reino Unido alcanza el 45%, en Portugal un 36% y en Francia y Dinamarca un 25%, porque lo que prima aún es el pago en efectivo, que, según apuntó, aún representa “el 83% del total de transacciones en los puntos de venta”. Este último indicador sólo lo superan Chipre y Malta, según un estudio del Banco Central Europeo, y rebasa la media de la eurozona donde los pagos en efectivo eran un 73% en volumen y el 43% en valor.

La experta de Afi indicó que un 43% de los ciudadanos prefiere pagar en efectivo porque lo aceptan en todos los sitios o por ser cuantías de bajo importe, aunque “casi 9 de cada 10 declara preferir poder pagar de forma digital para evitar desplazamientos o gestiones presenciales, así como por la rapidez”, sobre todo, en los trámites con administraciones públicas.

Para que esto sea una realidad y combatir también la economía informal que se cobija con los pagos en efectivo, el informe aconseja, sobre todo, introducir los pagos electrónicos en todo el circuito de administraciones públicas y en servicios adjudicados por concesiones.

En concreto, recomiendan avanzar hacia una plataforma única de pagos, al menos a nivel autonómico, y unificar los certificados digitales; ampliar los métodos de pago en las obligaciones tributarias al pago con tarjetas, “por su universalización y preferencia”, y “generalizar la opción de pago asistido para garantizar la inclusión financiera digital de ciertos colectivos”.

PAGAR CON CÓDIGOS DE BARRAS

La experta de Afi recomendó además generalizar los acuerdos entre las administraciones públicas y las entidades financieras, con “la posibilidad de generación de códigos de barras para que las personas y pequeñas empresas puedan pagar de forma ágil, por ejemplo, en los cajeros automáticos”, eliminar el uso de certificados digitales en el pago de las tasas o ciertos tributos y “crear aplicaciones móviles para dejar todo este tipo de pagos a las administraciones públicas”.

Además, sugirió que se obligue a ofrecer un método de pago alternativo al efectivo dentro de los propios pliegos de concesión de ciertos servicios concesionados o licenciados como pueden ser los que se prestan en servicios deportivos, culturales, farmacias, estancos o, incluso, parkings, y fijar también la obligación de ofrecer la posibilidad de pagar con dispositivos diferentes al metálico cuando la cuantía supera los 30 euros.

El informe recoge medidas adoptadas por otros países para combatir la economía sumergida como incentivos fiscales al consumidor en el pago de las loterías cuando lo hace de manera electrónica o digital y la rebaja de hasta 2 puntos en el IVA en los pagos con tarjetas establecido en Uruguay y pone también como ejemplo los incentivos al comercio adoptados en otros países cuando se aceptan pagos electrónicos o la obligación en Francia de que cualquier transacción con administraciones públicas sea online.