Según argumentó el grupo confederal, autor del texto al que se han sumado el resto de grupos (que ya pidieron hace días una comisión análoga a la que no se sumó Unidas Podemos por considerar que era demasiado genérica para que le dieran luz verde los servicios jurídicos del Congreso), la regularización fiscal de 4,4 millones efectuada por Juan Carlos de Borbón podría implicar la confesión de delitos contra la Hacienda Pública que no están cubiertos por el privilegio de la inviolabilidad.

Por un lado, el supuesto abono de dichos vuelos por la Fundación Zagatka, creada por Álvaro de Orleans Borbón, gracias a las aportaciones de empresarios, se estaría haciendo pasar por préstamo cuando en realidad sería una donación que obligaría a pagar un mínimo del 34% en impuestos, al no existir relación de parentesco entre el donante y donatario, e incluso más del 40% en función del patrimonio del Rey emérito.

Además, Unidas Podemos desliza que "las informaciones publicadas sobre el caso de los vuelos privados no descartan que los intentos de regularización 'voluntaria' se hayan producido, al igual que en el caso de las tarjetas opacas, porque el Rey emérito sabía que existía una investigación en marcha. Si éste fuera el caso, Juan Carlos de Borbón no solo no quedaría libre de delito, sino que podría incurrir en otros más graves".

COHECHO

Por otra parte, el grupo confederal apunta que la operación podría rozar el delito de “cohecho impropio", ya que las donaciones se habrían realizado en función de su condición de miembro de la Familia Real. Y, colateralmente, al tener Juan Carlos I 83 años y no poder devolver créditos a largo plazo, subrayan que el pago de la deuda pendiente podría correr a cargo de sus herederos, comenzando por el rey Felipe.

La solicitud, para evitar los argumentos que suele enumerar el PSOE para tumbar este tipo de investigaciones al Rey emérito, recuerda comisiones de investigación constituidas sobre personajes de relevancia pública como el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán y el expresidente del Banco de España Mariano Rubio, que no eran propiamente objeto de control parlamentario, o las creadas sobre los accidentes de Spanair en Barajas o el Alvia en Santiago de Compostela, que trabajaron en paralelo a una investigación judicial.

La relevancia pública de los asuntos, la obtención de información para el ejercicio del trabajo parlamentario y el control del Gobierno en los asuntos que se señalaban, eran motivos más que suficientes para admitir a trámite y aprobar aquellas comisiones de investigación, subraya el texto registrado.

"La sola implicación de un miembro de la Familia Real que forma parte del actual orden sucesorio de la Corona en la presunta comisión de delitos fiscales e incluso de blanqueo de capitales es una cuestión que justifica una investigación parlamentaria", argumenta Unidas Podemos.