Esa postura quedó refrendada este jueves en el Pleno del Congreso y en la noche de este miércoles en el Pleno del Senado, que tumbaron las mociones presentadas por Foro Asturias y por el PP, respectivamente, para evitar que todas las poblaciones de lobo ibérico estén incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), algo en lo que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de una orden ministerial.

Esta semana se ha producido en el Parlamento otro capítulo más de la polémica surgida después de que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, órgano formado por el Gobierno y las comunidades autónomas, decidiera el pasado 4 de febrero en una votación ajustada (nueve votos a favor, ocho en contra y una abstención) incluir al lobo ibérico en el Lespre, lo que significa que se prohibirá su caza deportiva al norte del Duero.

Esa votación ha suscitado que, según pudo comprobar Servimedia, se hayan registrado 38 iniciativas parlamentarias en el Congreso y 35 en el Senado sobre esta temática. La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, escenificaron el pasado 25 de febrero en el Senado su defensa de la protección del lobo y el apoyo a la ganadería extensiva.

CONGRESO

El Pleno del Congreso rechazó este jueves por 143 votos a favor, 166 en contra y 38 abstenciones una moción consecuencia de interpelación urgente registrada por Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, que finalmente incorporó al texto enmiendas del PP y de Vox, mientras que quedaron descartadas las del PSOE, Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia en Común y PNV.

La moción, de nueve puntos, instaba al Gobierno a no aprobar la orden de incluir todas las poblaciones de lobo ibérico en el Lespre y se mantenga su estatus de especie cinegética no sólo al norte del Duero, sino que se pueda cazar también al sur de esa cuenca hidrográfica mediante una modificación de la Directiva Hábitats, retomando así las negociaciones mantenidas antes por el PP para “reinterpretar” esa norma de la UE.

En el debate de la moción consecuencia de interpelación, celebrado el pasado martes, Martínez Oblanca acusó a Transición Ecológica de destapar la “caja de los truenos” para que el lobo no pueda cazarse al norte del Duero, lo que causará, a su juicio, “importantes impactos negativos para el sector de la ganadería extensiva y para el medio rural, que se sienten muy amenazados", así como para la propia conservación del lobo porque desencadenaría “episodios delictivos muy crueles e inaceptables de furtivismo, cepos y veneno”.

Paloma Gázquez, del PP, acusó a Ribera de “ignorar” a Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León -donde habitan el 95% de los lobos- y a los ganaderos. “Lo que no sabíamos es que su solución consistía en erradicar al ser humano del medio ambiente, así de simple; hacerle imposible el desarrollo de cualquier actividad económica hasta que tenga que emigrar”, señaló.

Ricardo Chamorro, de Vox, indicó que la “disparatada decisión” de incluir al lobo en el Lespre se debe a “un Gobierno trufado de demagogia animalista” e “integrado por verdaderos talibanes que atentan constantemente contra el mundo rural”. “Parece que este Gobierno, desde la ciudad, pretende convertir nuestro mundo rural en un paraje inhóspito, envejecido, desmoralizado, sin actividad ni sector primario rentable, sin agricultura, sin ganadería, sin niños, sin familia, sin futuro y poblado de lobos. Un paraje más propio de una película de terror que de una España rural con futuro y esperanza”, apuntó.

María Carmen Martínez, de Ciudadanos, aseguró que la protección del lobo ibérico en toda España traerá “graves consecuencias” para el sector agropecuario y supone una “irresponsabilidad”, si bien concluyó que Transición Ecológica debe hacerse responsable de los “daños” de las poblaciones loberas con indemnizaciones a los ganaderos.

Otros portavoces mostraron su disconformidad con la moción. Eva Patricia Bueno, del PSOE, sentenció que “las enfermedades son causa de grandes pérdidas económicas” y que “el lobo es una vacuna contra la tuberculosis de ungulados y controla la peste”, y apuntó que el “único interés” de los defensores de la iniciativa es “cazar al lobo”.

Juantxo López de Uralde, de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, comentó que el lobo lleva en España “muchos siglos” y su pervivencia es “compatible con la ganadería”. “Dejemos ya la historia de que el lobo es el malo del cuento. El lobo es un animal que genera riqueza y es una riqueza en sí mismo; es un animal que mantiene el equilibrio ecológico y mantiene a raya a ungulados como el jabalí y el corzo; es un antídoto contra enfermedades que asolan la ganadería, como la tuberculosis; atrae un turismo creciente y, por cierto, un turismo que deja muchos recursos en las comarcas. Se calcula que deja diez veces más un turista de lobo que un turista de caza”, añadió.

SENADO

Por otro lado, el Senado rechazó en la noche de este miércoles por 107 votos a favor, 118 en contra y 32 abstenciones una moción consecuencia de interpelación presentada por el PP, que incorporó una enmienda del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y en cuyo texto definitivo instaba al Gobierno a paralizar el proceso para incluir al lobo en el Lespre y a adoptar una decisión “con el mayor consenso posible entre todos los sectores implicados y que haga compatible la conservación del lobo y la defensa de los intereses de los ganaderos”.

Votaron a favor el PP, Ciudadanos, Vox, UPN, Coalición Canarias, PCR y Agrupación Socialista Gomera. Por su parte, el PSOE, Teruel Existe, Más Madrid, Catalunya En Comú Podem, Adelante Andalucía, Més Per Mallorca y Compromís lo hicieron en contra. Y se abstuvieron Esquerra Republicana, PNV, Junts per Catalunya, EH Bildu, Geroa Bai y Partido Aragonés.

Jorge Domingo Martínez, del PP, argumentó cuatro razones para que el lobo no se proteja en toda España: no hubo el “consenso suficiente” en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que “allí donde hay aprovechamiento cinegético se reducen los daños provocados en la ganadería por el lobo”, la decisión de la Comisión Estatal invade competencias autonómicas y ello aumentará la población lobera, lo que pondrá en peligro algunas explotaciones ganaderas.

María Ponce, de Ciudadanos, acusó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de “atacar al mundo rural a base de decretazos” y al Gobierno de convertir la “España vaciada” en la “España vacilada”.

Jacobo González-Robatto, de Vox, afirmó que “el control cinegético del lobo no supone una amenaza para la especie porque los cupos de caza los controla la Administración y nunca van a admitir unos cupos que pongan en peligro la supervivencia del lobo”. “La caza es una herramienta esencial para la conservación activa de las especies y de los espacios que las ocupan”, apostilló.

José Miguel Fernández Viadero (PCR) y Clemente Sánchez-Garnica (Partido Aragonés) instaron al Gobierno a dialogar con los ganaderos antes de decretar la protección estatal del lobo ibérico.

En la tribuna de oradores hubo otros portavoces opiniones contrarias a la moción. María de los Ángeles Luna, del PSOE, acusó al PP de “crear bandos” de “se está a favor del lobo o se está en contra d ellos ganaderos”, cuando “lo más sensato es estar a favor de ambos”. “Se trata de alcanzar un equilibrio partícipe entre la protección de la biodiversidad y la actividad económica en el medio rural, y es perfectamente alcanzable si evitamos los dogmatismos y analizamos la cuestión con objetividad y ánimo de consenso”, dijo.

Y Carles Mulet, de Compromís, mostró su “empatía” con el sector ganadero y comentó que “este planeta no es sólo de los humanos, a pesar de ser la especie más destructiva de todas”. “Tenemos que garantizar la vida y la pervivencia de todas las especies y no buscar confrontación entre sectores y sensibilidades”, apuntó.