Así lo señaló durante su comparecencia en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el Congreso de los Diputados, a la que acudió para explicar las líneas de su departamento y las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis del Covid-19.

Díaz apuntó que su apuesta es “modernizar” las relaciones laborales con la elaboración del nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI, dado que el actual “ha ido perdiendo el pulso de la realidad laboral”.

En este sentido, afirmó que “modernidad significa avanzar en derechos” y que “esto implica generalizar la lógica del trabajo decente, empleo estable, digno y con derechos, con fórmulas de contratación que sean claras, simples y que establezcan su carácter indefinido como norma”. Indicó que, en el marco de la lucha contra el fraude laboral, en dos años se han convertido en indefinidos 320.000 contratos temporales irregulares.

También señaló que esa modernización significa una “negociación colectiva equilibrada, donde las personas trabajadoras puedan colectivamente negociar de igual a igual sus condiciones” y “que las mejoras en términos de crecimiento económico se trasladen a los salarios”.

En este punto, recordó que la última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2020, hasta los 950 euros mensuales, “ha tenido un gran efecto en el impulso al alza de los salarios, y muy especialmente de los más bajos” y “conseguir que el SMI alcance el 60% del salario medio es un objetivo de esta legislatura que seguro alcanzaremos”.

Díaz también hizo referencia a las políticas activas de empleo para señalar que ya hay una base de acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales sobre la Estrategia de apoyo activo al Empleo y en el Programa de Garantía juvenil plus y “estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo”.

Explicó que el Sistema Nacional de Empleo “garantizará un buen perfilado de las personas que buscan empleo, un itinerario laboral y formativo individualizado” y un acompañamiento “efectivo” en la búsqueda de trabajo. Los servicios de empleo “dispondrán equipos profesionales estables y cualificados” y se modernizarán y digitalizarán “situando buena parte de las políticas activas en el móvil”. Además, las empresas dispondrán de “servicios específicos” en estas políticas activas.

También hizo mención a las medidas ya aprobadas como la ley reguladora del trabajo a distancia en el sector privado y al acuerdo, pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, para convertir en asalariados a los repartidores de plataformas digitales o ‘riders’ como “avances” para la “modernización en relación a los cambios en los tipos de trabajos”.

Ensalzó los acuerdos con los agentes sociales durante la pandemia para “mantener el empleo y proteger a los trabajadores” en un momento de “alta incertidumbre económica y alta crispación política” en el que “hemos sido un valor de confianza”.

También citó el ‘Plan MeCuida’, aprobado al inicio de la crisis, que posibilita la adaptación de las condiciones de trabajo para atender cuidados, aunque puntualizó que queda como reto pendiente abordar la “revolución de los cuidados y la redistribución del trabajo de los hogares, la atención a los hijos y los mayores”.

La ministra concluyó insistiendo en que “el desempleo y la precariedad son dos elementos lacerantes, que nos separan del mundo” y una “anomalía a la que no nos podemos resignar”. Destacó que en 1978 “proclamamos con determinación el derecho al trabajo y hoy, 42 años después, el derecho social por excelencia sigue esperando a ser completado; es el momento de hacerlo”.