Hay riesgo grave de desmoronamiento de todo el sector tanto por el colapso financiero de las empresas por posibles gastos millonarios en procesos judiciales que tendrían que asumir, como por la ruptura del actual marco de relación entre empresas y ganaderos que ha costado años construir. Fuentes conocedoras del sector señalan que un colapso del sector lácteo tendría repercusiones catastróficas en buena parte de las políticas de desarrollo rural que se están implantando actualmente en todo el territorio.

En 2019 la CNMC impuso una sanción a diez de las mayores empresas lácteas por supuestos intercambios de información sobre precios de la leche en contra de las normas del mercado. Esas empresas son Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone España, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (antes Puleva Food), Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña.

Además de una multa conjunta de 80,6 millones de euros para las empresas, en el caso que la Audiencia Nacional confirmase la resolución de la CNMC (lugar en el que actualmente se encuentra recurrida la resolución), abriría la opción de que los ganaderos pudiesen solicitar indemnizaciones de hasta el 10% de lo facturado entre 2000 y 2013.

El proceso de presentación de reclamaciones está actualmente en fase final, con miles de expedientes enviados a las empresas. Se estima que las industrias lácteas afectadas tendrían que hacer frente a posibles reclamaciones conjuntas por 1.200 millones de euros, aunque la cifra final la determinarían los jueces encargados de resolver sobre cada demanda y únicamente en el caso que la Audiencia Nacional confirmase la resolución de la CNMC.

Fuentes del sector señalan que la sanción de la CNMC se materializa en el peor de los escenarios posibles. Las relaciones actuales entre empresas lácteas y ganaderos nada tienen que ver con las que se vivían en el periodo examinado por la CNMC.

En la última década se han logrado avances significativos que han permitido un funcionamiento eficiente del mercado lácteo. Todo un entramado que se derrumbará si a partir de ahora todo el diálogo sectorial se centra en juicios masivos para discutir indemnizaciones. Los acuerdos entre ganaderos y empresas lácteas conseguidos en los últimos años sobre: el desarrollo de razas lecheras; la innovación en la gestión de las granjas; sostenibilidad de la cabaña lechera y sobre los acuerdos para permitir el relevo generacional en las explotaciones familiares, han diseñado un mapa agro-rural que está permitiendo el desarrollo de amplias regiones, señalan los expertos consultados. El Ministerio de Agricultura y las consejerías de un buen número de comunidades autónomas se enfrentan a un grave riesgo de desestructuración del entorno agrario, con consecuencias imprevisibles, añaden.

Todo este proceso está pendiente de una resolución en firme de la Audiencia Nacional, pero si se colapsa el sector, toda la estrategia de desarrollo rural en general y ganadero en particular se verá gravemente afectada.