El presidente de UPTA, Eduardo Abad, comentó en declaraciones a Servimedia que los requisitos exigidos a las pymes y autónomos para beneficiarse de las ayudas van a dejar la mitad del presupuesto inutilizado. El Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo un paquete de ayudas para pymes y autónomos por importe de 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones eran ayudas directas dirigidas a cubrir gastos fijos, deudas y pagos a proveedores.

Entre los requisitos se exige tener una caída de ingresos de al menos un 30% en 2020 respecto a 2019, estar al corriente de pago de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, no estar en concurso de acreedores y encontrarse entre las 95 actividades definidas para percibir las ayudas -por ejemplo, hoteles, agencias de viaje, restaurantes, alimentación y bebidas, transporte o comercio textil-. A cambio, los beneficiarios deberán mantener la actividad hasta junio de 2022.

Abad viene reclamando que se amplíe el listado de actividades beneficiarias porque se está dejando fuera a 200.000 autónomos y propone una treintena más entre las que se encuentran las peluquerías y tratamientos de belleza, fabricantes de textiles, artesanos, actividades auxiliares a la educación, comercio al por menor de productos de alimentación en mercadillos y puestos de venta o la creación artística y literaria.

UPTA da por hecho que el listado se ampliará y desde el Gobierno se ha manifestado públicamente la disposición a hacerlo.

“No se entendería que los centros de interpretación natural, las granjas escuela, todo lo que tiene que ver con la iniciativa en el ámbito de la educación medioambiental no entrase” y “la educación no reglada, la artesanía, los agentes comerciales, el comercio de juguetería” son sectores que “están exactamente igual de bombardeados” que los que se han incorporado, según declaró Abad.

En cualquier caso, “seguimos insistiendo en que es un auténtico error el no hacer universal la ayuda”, que “a quien va a salvar exclusivamente es a empresas con más de 10 trabajadores” por los requisitos establecidos, consideró el presidente de UPTA. En esta línea, criticó que “el lobby empresarial ha hecho la fuerza necesaria para que las ayudas vayan específicamente para medianas y grandes empresas” y no tanto para pequeños negocios, y se quejó del “nefasto diálogo” con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para este asunto.

En cuanto a los criterios de reparto de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de canalizar los fondos, Abad dijo haber contactado con más de una docena y “la mayoría de ellas no tiene ni idea” del sistema para gestionarlas. Las comunidades disponen de un plazo de un mes, que empezó a correr el 13 de marzo, para suscribir los convenios con el Ministerio de Hacienda para poder recibir los fondos posteriormente y ejecutarlos.