En su intervención, Martín afirmó que el ‘Informe España 2020: Derechos Humanos y Discapacidad’ del Cermi –que recoge las principales vulneraciones sufridas en este sentido durante el año pasado-, constata que, “una vez más”, las personas con discapacidad “son discriminadas en España a través de prácticas enquistadas”.

Las situaciones de denegación de UCIS o de traslados a un hospital por razón de edad o de discapacidad; el caso de aquellas personas que “vieron comprometidas” sus terapias tras la declaración del primer estado de alarma; la prohibición de la entrada de perros guías a establecimientos, o el veto de algunas aerolíneas para dejar volar a viajeros con discapacidad, son algunas de las que destacó.

En cuanto a la educación, “uno de los derechos más conculcados a lo largo de este año”, denunció la negación a las familias para elegir la educación ordinaria a menores con discapacidad o la falta de accesibilidad en las plataformas digitales para este alumnado.

Por otra parte, llamó la atención sobre cómo, en ciertos aspectos, en la nueva Ley de Eutanasia, “se sigue viendo a las personas con discapacidad como vidas descartables”, a lo que, según añadió, se une el suicidio, “que es la primera causa de fallecimiento no natural en España desde hace 11 años”.

ATAQUES "DESPROPORCIONADOS"

También se manifestó en contra de los ataques “desproporcionados” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra personas con discapacidad “por entender que se habían saltado el confinamiento”, los internamientos forzosos y las contenciones mecánicas, la autorización por parte de los ayuntamientos de espectáculos denigrantes contra personas con displasia óseas (enanismo) y de los casos de violaciones y palizas a personas con discapacidad.

Asimismo, habló de “una especial y extrema vulnerabilidad” de las mujeres con discapacidad residentes en instituciones colectivas y llamó la atención sobre un incremento en la magnitud de la violencia de género, que “ha alcanzado cifras alarmantes”; al tiempo que planteó que “urge una política de Estado para atajar la soledad forzosa” de las personas con discapacidad, que “se ceba con ellas aniquilando la compañía y los apoyos que son precisos para asegurar una vida en comunidad”.

Por último, ante las 406 denuncias frente a 75 avances y 53 propuestas de mejora, que recoge el informe del Cermi, su delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU reconoció que este tratado internacional “sigue sin alcanzar en toda su extensión la vida de las personas con discapacidad”, aunque admitió que “van tomando fuerza” los avances en clave de inclusión.