La resolución ha sido dictada por el magistrado Celestino Salgado, del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 8 de la Audiencia Nacional, que ha anulado y dejado sin efecto el cese de Pérez de los Cobos y ha condenado a Interior a que le reponga en el puesto que tenía.

En una sentencia conocida este miércoles, el magistrado estima el recurso presentado por el coronel contra Marlaska, que el 28 de julio de 2020 desestimó el recurso del cesado.

Tras analizar los hechos y las resoluciones adoptadas en este caso, el magistrado concluye que el ministro apartó a Pérez de los Cobos de su puesto por no informarle del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial, todo ello en el marco de la investigación judicial por el 8-M abierta en el juzgado 51 de Madrid.

“EJERCICIO DESVIADO” DE AUTORIDAD

Así, la sentencia dice que es “indiscutible” que el coronel tenía “deber legal de reserva” sobre el informe del 8-M y que se le cesó “por no informar” del mismo, a pesar de que la Guardia Civil había efectuado este dictamen en calidad de Policía Judicial.

“No constando”, argumenta el juez, “en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ (Unidad Orgánica de Policía Judicial) como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal”

En su sentencia, el magistrado señala que estamos “ante un claro ejercicio desviado de la potestad discrecional que aparece expresamente recogido en el propio expediente administrativo -propuesta de cese y resolución del recurso de alzada-, contra lo que es habitual y que ha motivado que difícilmente sea apreciada la desviación de poder por los tribunales”.

Se añade que el hecho de que el cese fue motivado por no dar cuenta del informe del 8-M es reconocido por la propia directora de la Guardia Civil, María Gámez, en el escrito en que el dejaba constancia de la decisión de apartar de su puesto a este mando de la Benemérita.