Adeslas mantiene un controlado silencio sobre su reconocido interés por alcanzar una participación mayoritaria en el accionariado del Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), líder vasco en el sector de salud, por el entramado de demandas en torno a esta institución y a la profunda división entre los más de 1.000 médicos accionistas.

El temor a un daño reputacional por el alcance de la cascada de demandas judiciales en torno al IMQ aconseja a Adeslas a retrasar la comunicación de su oferta de compra, mientras se aviva el enfrentamiento por sus antagónicas posiciones entre los dos grupos de accionistas.

De momento, el próximo 13 de abril comenzará, en Bilbao, la vista oral clave en la batalla entre los médicos que quieren mantener el actual modelo del IMQ (Ademi) y quienes buscan una venta a precio de mercado a sus títulos (Pai) y que favorecería las aspiraciones de Adeslas.

IMQ es un grupo asistencial, de honda raigambre en Bilbao donde tiene su sede social, con 87 años de historia y que está en manos de 1.140 médicos accionistas. Su negocio, con una cuota superior al 80% en el País Vasco, es la gestión de médica en hospitales y clínicas privadas, por medio de una aseguradora que ofrece prestaciones también en clínicas dentales, residencias y centros de prevención.

Sustentado sobre una sustancial rentabilidad anual ha visto cómo una parte del millar de médicos pretenden desprenderse de sus acciones y han entrado en negociaciones con Adeslas para ofrecerle elevar su 45% actual en el negocio asegurador de la compañía vasca a una posición mayoritaria mediante una operación que podría suponer 300 millones.

Sin embargo, esta alternativa se ha visto alterada por la reacción contraria de un nutrido porcentaje de accionistas (en torno al 42%) que temen la deslocalización del IMQ ante una eventual compra de Adeslas, la fosilización del histórico Montepío (fondo de pensiones, a modo de EPSV para los médicos) y así abogan por una posible venta sin recurrir a terceros, que respaldan también instituciones financieras vascas.

Este pulso ha aconsejado a Adeslas evitar pronunciarse sobre sus intenciones, aunque mantiene negociaciones en secreto con el consejo del IMQ después de que se produjera una progresiva destitución de sus anteriores miembros, contrarios a la venta a un tercero. Este silencio, que se mantiene casi dos años desde que se produjo el cisma accionarial, ha intranquilizado a un amplio sector de médicos partidarios de la venta porque desconocen la cuantía de la posible oferta por sus títulos.

En este contexto, a su vez, se encadenan las demandas judiciales en torno al IMQ y así enmarañar más la situación. Es por ello que Adeslas ha reiterado que no dará un paso al frente hasta que se solvente esta guerra interna porque es consciente de la repercusión negativa que tendría para su marca terciar a favor de uno de los sectores en medio de la profunda división existente. Incluso, una resolución desfavorable en los tribunales para quienes propugnan la venta a un tercero complicaría en exceso la opción de Adeslas.

De momento, el próximo 13 de abril comienza el juicio en la capital vizcaína donde se decide la validez de la denominada acción de oro, decidida por estatutos de la compañía vasca y que compromete el papel del actual consejo del IMQ ya que su actual presidenta, Beatriz Astigarraga, lo avaló en su día y ahora se retracta alegando que no fue consciente de su firma después de haber asistido a varias sesiones informativas por parte de un bufete para explicar el contenido del acuerdo. No obstante, sigue sin conocerse la fecha de otras dos demandas por supuestas irregularidades de los mismos directivos en la última junta general de accionistas del pasado mes de octubre, ante acusaciones por presunta manipulación de resultados de votaciones, censo y destrucción de la grabación de la reunión por parte del secretario del consejo.

En esta junta se abrió la puerta a que una compañía externa -todas las miradas se dirigen a Adeslas- tome el control del IMQ, pero el Montepío, con un 0,01% del accionariado, tiene la capacidad de vetar la operación. Por ello, ahora mismo, toda la estrategia del consejo de administración se vuelca en dar un golpe de mano en el control de este órgano de pensiones de los médicos.

En el juicio del próximo martes, el juez quiere conocer el fondo del allanamiento jurídico producido por el acuerdo entre el consejo del IMQ y la asociación PAI favorable a la venta a Adeslas por entender que perjudica al Montepío, accionista de la compañía y responsable último de ejercer el veto a la venta hostil a un tercero. En todo caso, sería el punto y seguido de una encendida polémica que puede alejar a posibles compradores por sus imprevisibles derivadas.