El juez instructor, Antonio Serrano-Arnal, acordó en auto del mes de noviembre apartar "todos aquellos documentos que no son útiles y que se encuentran dentro de la esfera de la protección del derecho a la intimidad de terceras personas.

La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión al entender que el juez estaba dejando fuera del caso "muchos documentos analizados por la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria y volcados en su informe de 629 páginas del pasado 7 de julio de 2020" obtenidos en las entradas y registros que arrojaban indicios de la existencia de grandes cantidades de dinero en el extranjero. El ministerio público consideraba que esa exclusión introducía un “sesgo erróneo” de la documentación contenida en el sumario. Ahora la sección 23 de la Audiencia de Madrid deja fuera esos informes.

La Fiscalía Anticorrupción pide para Rato penas de prisión de entre cuatro y seis años por cada uno de los once delitos contra la Hacienda Pública que le atribuye, seis años por el delito de blanqueo, cuatro por el delito de insolvencia punible, otros cuatro por el delito de corrupción en los negocios y tres más por el delito de falsedad documental.