La institución, a través de las visitas de inspección que realiza en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), ha constatado “que cada vez más cuerpos policiales cuentan con armas de descarga eléctrica”.
Fernández Marugán señala que el uso de este tipo de pistolas constituye siempre “una situación de riesgo” y recuerda que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre su utilización reclamando una legislación específica para su manejo.
El Defensor subraya que el mecanismo y el comité coinciden en que “la utilización de estos dispositivos se debe limitar a los casos en que exista una amenaza real e inminente para la vida o un riesgo de lesión grave, y su uso debe estar sujeto a los principios de necesidad, subsidiariedad, proporcionalidad, aviso previo y precaución”.
Fernández Marugán muestra su preocupación por el uso de estas armas con personas que puedan padecer afecciones cardiacas y señala que se debe prohibir su uso contra personas vulnerables, incluidos menores, mujeres embarazadas o personas mayores.