Así lo aseguró en el Congreso en respuesta a una pregunta formulada por la diputada de EAJ-PNV Josune Gorospe. “Los centros concertados y los públicos forman parte del sistema”, subrayó Celaá, que defendió tener “buenas razones” para apoyar el sistema educativo vasco y la FP de esta comunidad autónoma, una de las “referencias” en España, indicó.

No obstante, la ministra precisó que “la mirada” del plan de modernización “supera” lo que es el sistema educativo, pues también repercutirá en la población activa. En este punto, recordó que la última Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que el 48% de la ciudadanía no cuenta con una formación profesionalizante.

“Nuestro plan contempla también esas necesidades y se dirige a acreditar la experiencia laboral de tres millones de ciudadanos hasta 2024 e incrementar las plazas de centros educativos en 200.000”, añadió, refiriéndose también a que se modificará la oferta modular de la FP hacia nuevas tecnologías.

“Para toda esa labor necesitamos a los centros públicos y concertados, vamos a contar con ellos”, zanjó, e incluyó en la invitación a empresas y centros autorizados.

Durante su turno, la diputada vasca mostró su “sorpresa” porque el reparto de los fondos de resiliencia no contemplen actuaciones en centros concertados, sólo para centros públicos y calificó de “desatino” que “brillen por su ausencia” en dicho reparto las referencias a los centros concertados.

Gorospe subrayó que en el País Vasco el 50% de centros y alumnado está en centros concertados en FP, y que tienen “enorme arraigo y apego al territorio” y alianzas con el tejido productivo, el sistema educativo y la administración.

Por ello pidió a Celaá que compense ese desajuste “en este ejercicio” y se corrija en el futuro porque, si no es así, advirtió, el Grupo Vasco no será “aliado” de las políticas de la ministra.