Así lo defendió la directora de Incidencia, Políticas e Investigación de la organización, Macarena Céspedes, en un comunicado en el que reconoció el trabajo que se ha realizado a nivel legislativo y el proceso de participación que se ha llevado a cabo en torno a esta norma y admitió que la organización ya espera su aprobación definitiva para empezar a trabajar en su implementación y en poner en marcha “mecanismos concretos” que tengan un “impacto real” en la vida de la infancia española.

No obstante, Educo estimó que la ley debería ser “más específica” a la hora de garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de desahucio y, en ese sentido, aunque reconoció que el Gobierno está trabajando en una Ley de Vivienda que, “en principio, debe dar respuesta a este tipo de situaciones”, lamentó que no se haya “profundizado ni precisado alguna solución” en esta ley.

A este respecto, urgió a suspender los desahucios cuando hay niños en el hogar afectado hasta que no se les garantice una solución habitacional “adecuada”, lo que, agregó, “implica que no se separe a las personas que viven juntas, que los niños y niñas puedan acabar el curso en su escuela y que se les provea de apoyo psicosocial” con el objetivo de evitar “mucho sufrimiento y situaciones traumáticas para la infancia”.

Asimismo, Educo puntualizó que la nueva norma debería haber incluido “más participación y escucha de la infancia” al entender que resulta “imprescindible” para la prevención, identificación, gestión y resolución de situaciones de violencia, y pidió “agilidad” en la aprobación de la ley, ya que, denunció, esta “se está dilatando más de lo esperado”.

“Mientras se sigan alargando los plazos, la infancia de nuestro país seguirá sufriendo situaciones de desprotección”, apostilló Céspedes, para quien resulta “urgente que esta ley se ponga en marcha” puesto que, espetó, los niños y adolescentes “no pueden esperar más”.