La proposición de ley de los populares fue debatida este martes en el Pleno de la Cámara Baja, donde recibió el respaldo de Vox y Ciudadanos, pero el rechazo de PSOE, Unidas Podemos y las formaciones nacionalistas, por lo que no será tramitada.

En concreto, el PSOE se refirió a que la iniciativa era una muestra de “oportunismo parlamentario”, mientras que Unidas Podemos señaló que los funcionarios de prisiones sufrirían una “pérdida de neutralidad” si cuentan con un “estatuto propio”. A su vez, PNV y ERC emplazaron a que sea el Gobierno y no el PP el que plantee una ley para reforzar el trabajo de los empleados de las cárceles estatales.

El rechazo de estos partidos se produjo después de que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, defendiese que el trabajo de los funcionarios de las prisiones es “esencial” para la democracia, a pesar de lo cual estos empleados públicos “se han sentido marginados socialmente y discriminados en sus condiciones laborales”.

CRÍTICAS A MARLASKA

Además, Gamarra acusó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de haber fomentado “la división de los funcionarios de prisiones para torpedear cualquier reconocimiento de sus reclamaciones”. También le reprochó haber convocado a estos trabajadores a una negociación para una Ley de Cuerpos “que no avanzó en ningún momento por la falta de compromiso político sincero por parte del Gobierno actual”.

Por parte de Vox, Javier Ortega Smith afirmó que el Congreso debería pedir “perdón” a los empleados de las cárceles, porque los distintos Gobiernos de la democracia “han abandonado y silenciado injustamente” a este colectivo.

Asimismo, Miguel Ángel Gutiérrez, de Ciudadanos, señaló que es una “anomalía democrática”, que las Cortes y los distintos Ejecutivos del PSOE y PP no hayan querido valorar en su justa medida la “increíble” labor de quienes trabajan en los centros penitenciarios.

Sin embargo, el diputado del PSOE José Vélez señaló que esta proposición de ley del PP era un “claro ejemplo de oportunismo parlamentario”, cuyo único objetivo” era “torpedear” el proceso de negociaciones Interior sigue con los empleados de las cárceles.

Al mismo tiempo, Enrique Santiago, de Unidas Podemos, afirmó que la Constitución no contempla un “estatuto propio” para los funcionarios de prisiones y que dotarles del mismo conduciría a “una pérdida de neutralidad y un incremento de la politización” de este sector de la Administración.