Según indicó la organización en un comunicado, su objetivo con esta iniciativa es “que todos los autónomos, empresas y profesionales que no estaban incluidos en los 95 CNAE iniciales que el Ministerio de Economía había propuesto, puedan acogerse al Plan de Rescate”.

La iniciativa se enmarca en las reuniones que los representantes territoriales de UPTA están teniendo con los gobiernos regionales, de manera que ya han tenido lugar reuniones con los ejecutivos de Murcia, La Rioja, Asturias, Galicia y Extremadura, con el fin de que “ningún autónomo, al que le corresponda ser beneficiario de esta ayuda fundamental, se quede sin ella”.

Además, UPTA también propone establecer diferentes tramos presupuestarios para distintos porcentajes de pérdidas sufridas durante el año 2020 en comparación al 2019.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, aseguró que “no podemos consentir que haya autónomos de primera y segunda clase” y que “las ayudas no pueden ser un elemento de discriminación y deben llegar a quien más lo necesita”. “Sería intolerable por parte de las comunidades autónomas que se concediese única y exclusivamente esta ayuda, por un riguroso orden de entrada de las solicitudes”, prosiguió, para añadir que “si se hace de esta manera, corremos el riesgo de que miles de actividades económicas, que tiene que gestionar un volumen de documentación mayor para solicitar esta ayuda, puedan quedarse sin ella”.

“Si no somos capaces de establecer una tarificación de tramos de los presupuestos que cada una de las comunidades autónomas ha recibido por parte del estado para conceder dicha ayuda, muchos negocios se verán abocados a esta situación”, advirtió Abad, que agregó que “si esta ayuda sólo se concediese por orden de entrada de cada petición, miles de profesionales no podrían acceder a ella, ya que muchos negocios deben hacer un contraste de información sobre el IRPF o sobre Impuesto de Sociedades, lo que supone un proceso más largo a la hora de realizar la solicitud. Por ello, es fundamental que se establezcan unos tramos presupuestarios que determinen cuales son los requisitos”.

Por ello, UPTA aboga por que estos tramos presupuestarios estén directamente relacionados con las perdidas declaradas en el año 2020 con respecto al ejercicio de 2019, con lo que, a mayor pérdida, mayor ayuda se debe otorgar.

Así, defiende “que el 50% del presupuesto total que recibe cada territorio, tiene que ir destinado exclusivamente a aquellos autónomos, pequeñas empresas y profesionales que hayan perdido más del 50% de su facturación”. “A partir de aquí”, prosigue la propuesta de UPTA, “con el 50% restante, la cuantía económica a conceder tiene que ir determinada por un tramo que vaya del 50% al 40% de pérdidas y por otro del 40% al 30% de minoración; ambos tramos deberían ser otorgados con un 25% del presupuesto restante, cada uno”.

“De este modo estaríamos garantizando que el autónomo que haya tenido pérdidas mayores que otros, no pueda quedarse sin ayuda por agotamiento de presupuesto. Es fundamental que estas medidas se ejecuten en todas las autonomías, estructuradas y regladas de la misma forma”, concluyó UPTA en su comunicado.