Así lo aseguró el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, en la rueda de prensa final de la reunión de la Asamblea Plenaria del Episcopado, que ha congregado a los prelados españoles esta semana.

Según Argüello, también obispo auxiliar de Valladolid, la respuesta de la Santa Sede, a requerimiento de la iglesia española, llegó el pasado 20 de abril y concreta que ha estudiado los casos de un total de 220 sacerdotes españoles, de los que 144 pertenecen al clero secular y 76 el regular. De ellos, se han resuelto 101 casos del clero secular y otros 50 del regular.

Este informe, según la CEE, no concretaría el número de víctimas afectadas ni se refiere a agresores que no sean sacerdotes, por lo que en el dato global quedan fuera religiosos que no son curas y también no están incluidos los agresores laicos, por lo que la cifra puede ser mayor. No obstante, señaló, “la CEE no tiene hoy por hoy la intención de abrir una investigación”.

El portavoz matizó que “puede que algunos abusos hayan sido cometidos antes de 2001”, cuando se modificó la regulación por parte de la iglesia española. Argüello recordó que, desde entonces, según datos de la Fiscalía, desde entonces, en general ha habido más de 220.000 denuncias. “En estos 20 años, en España han ejercido el ministerio 31.000 sacerdotes, entre diocesanos y religiosos”, remarcó.

‘BENDICIÓN’ DE ROMA

Explicó que desde hace dos décadas la iglesia española ha ido elaborando sus propios protocolos de actuación, se renovaron procedimientos jurídicos canónicos, y que “ahora” los obispos han recibido un escrito de la Santa Sede en respuesta a la propuesta que la CEE presentó en Roma el pasado septiembre sobre el abordaje de los abusos en las diócesis y su adecuación al vademécum propuesto por el Vaticano antes de la pandemia. “Hemos recibido la valoración positiva del trabajo y la sugerencia de completar tres artículos”, aseguró.

El obispo auxiliar de Valladolid también se refirió al apoyo que el nuncio de la Santa Sede, Bernardito Auza, hizo hace unos días en el arranque de la Asamblea Plenaria en esta cuestión, saliendo en defensa de los trabajos de las diócesis tras la acusación de la ministra Ione Belarra de que los obispos son “cómplices” de encubrir los abusos.

“No sólo es doloroso, injusto o no adecuado poner todo el foco al hablar de los abusos en la iglesia, que evidentemente para nosotros es un escándalo. Tenemos un verdadero problema social”, añadió el prelado, que remarcó que informes de distinto tipo hablan de que la lacra “afecta al ámbito familiar mayoritariamente” y reconoció que, ante estos asuntos, los obispos han podido caminar “demasiado despacio” e incluso, “en otra época, mirar a otro lado” o decir que “los trapos sucios se lavan en casa”.

Ahora, sin embargo, la CEE dice actuar conforme a lo que dicen el Papa y el Evangelio y se ofrece a aportar su experiencia contra los abusos y a colaborar para erradicar un problema “que tenemos todos”. En este contexto, la Plenaria ha aprobado crear un servicio de asesoramiento para las oficinas diocesanas para la protección de los menores y la prevención de abusos. Este servicio “de comunión y ayuda” también estará a disposición de las oficinas creadas por las congregaciones religiosas.