Sus manifestaciones las formuló durante la presentación de resultados trimestrales del banco al ser cuestionado sobre la queja de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, secundada por varios ministros como José Luis Escrivá, Yolanda Díaz o Maria Jesús Montero, sobre las retribuciones y los ajustes.

Calviño los tachó de “inaceptables” y trasladó al Banco de España su preocupación sobre los sueldos y bonus de los altos ejecutivos de banca, especialmente en un escenario marcado por los fuertes ajustes de plantilla del sector.

“Los esquemas de remuneración de la banca son los más regulados de los que conozco”, replicó el banquero, apuntando a la existencia de una directiva comunitaria que “establece patrones” fijados después de la crisis “para desincentivar la toma de riesgo”. Conforme a ellos, los bancos están obligados a diferir en hasta cinco años las retribuciones variables y, “además, gran parte de la retribución se percibe en acciones que no se pueden vender”, agregó.

Además, explicó que está implantado con un esquema adicional de gobierno corporativo “fuerte dentro de las entidades”, ya que la política retributiva la fija el Comité de Remuneraciones y hay un Consejo de Administración que lo visa, siendo los accionistas o dueños de la entidad, en última instancia, los que lo aprueban en la Junta General.

“Es un esquema europeo que, en algunos países, pues nos sitúa en alguna desventaja”, denunció a continuación, explicando que el diferimiento exigido por Europa no existe en otros mercados como Brasil, México o Estados Unidos, “donde nuestros competidores no tienen que hacerlo y esto nos crea algún problema”.

Asimismo, refirió que el mundo ‘fintech’ “no tiene ninguna de estas restricciones” y, por lo tanto, tiene mucha más flexibilidad” para remunerar a su personal, aún cuando opera igualmente en el negocio financiero. “Al final, los sueldos se acaban estableciendo por los órganos de gobierno y teniendo en cuenta lo que dicta el mercado”, agregó, con la conclusión final de que “si son altos o son bajos también depende de cómo evoluciona la industria y, normalmente, su evolución está muy relacionada con la evolución de la industria”.

Si bien admitió que es un sector regulado porque toma depósitos y “se considera que tiene que ser regulado para garantizarlos”, demandó que “sea igual para otros”, recordando la vieja queja de que “hay operadores que compiten con nosotros sin las misma reglas”.

CONTROL DEL GOBIERNO

En cuanto a la pregunta directa sobre la capacidad o credibilidad del Gobierno para actuar y controlar las nóminas o retribuciones de los directivos, el banquero fue cauto. “Nosotros siempre le damos credibilidad al Gobierno en todos los sitios”, expresó, sin entrar a despejar otra pregunta sobre qué hará el Santander o si baraja ajustes retributivos para su cúpula, que soslayó recordando que es competencia del Consejo y la Comisión de Retribución.

Entrando en materia de ajustes y si son inevitables o no, Álvarez deslizó que es una derivada de la necesidad de adaptarse al “cambio en el modo de hacer la banca” y a un cambio tecnológico “muy disruptivo” que afecta de lleno al sector porque “trabajamos con una mercancía perfectamente virtual”, a lo que se suma unos tipos negativos que “penalizan la capacidad de generación de ingresos” e invitan a reducir costes para mejorar la rentabilidad.

Además, recordó que los propios reguladores “han repetido” y “se nos sigue repitiendo” que se exploren “los procesos de consolidación para mejor la eficiencia y la productividad del sector”, y que las uniones favorecen los ajustes al producirse también duplicidades.

“¿Hay otra manera de hacerlo? La verdad es que tenemos que hacerlo y lo hacemos de la mejor manera que podemos”, refirió, indicando que para las salidas se abordan negociaciones con los sindicatos donde se busca alcanzar acuerdos “satisfactorios para las partes”. De forma adicional y en el caso del Santander, expuso que en sus procesos se han puesto en marcha programas de recolocación que han buscado empleo a la totalidad de trabajadores que los han usado.

El Santander acordó el pasado año un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para unos 3.000 trabajadores en España, de los que 2.200-2.300 ya han salido, y en la actualidad tiene en marcha otros procesos de ajustes y reestructuración en Reino Unido, Portugal o Polonia. Precisamente ha aprovechado las cuentas del trimestre para cargar contra beneficios 530 millones en costes con los que financiará el plan de ajuste previsto por el grupo para todo el año.

En el caso del centro corporativo del grupo y ante la pregunta de si tendrán final los ajustes, ya que ocurren cada año y medio o dos, admitió que “no veo punto final” por la necesidad de ir adaptándose a los hábitos y demandas de los clientes y es imposible saber hoy “que va a pasar dentro de tres o cinco años”, aunque la transaccionalidad de las oficinas “ha caído fuertemente y sigue cayendo”.

Sobre si el sector siente culpabilidad por los ajustes, reivindicó que el sector hace su trabajo “bien”. “Lo mejor que sabemos y la banca ha hecho un gran trabajo”, reivindicó, recordando que se ha volcado con los clientes de todo tipo y la sociedad durante la crisis, y ahora mismo está dispuesta a “encontrar fórmulas” para ayudar a las empresas y autónomos en dificultad “de la mejor manera posible porque ayudar a la economía ayudará a todos”.