Ha participado en la 'Ponencia de estudio sobre la adopción de una regulación de las nuevas realidades tecnológicas, disruptivas y sociales", enmarcada en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Senado.

En su intervención, Azanza, ha destacado la importancia de “la identidad digital que, en este contexto, se refiere a la posibilidad de ejercer el derecho a reclamar nuestra identidad individual, de forma inequívoca, para poder operar y acceder a todo tipo de información y realizar transacciones de manera segura en el ámbito de internet, de tal manera en que la confianza a ambos lados de la pantalla sea máxima".

”Vivimos", añadió, "inmersos en un cambio tecnológico, acelerado por la pandemia, y por ello es absolutamente necesario dotarnos de instrumentos para hacer que esta transformación digital sea segura, privada y confiable, para lo que se deben articular instrumentos para ejercer nuestra identidad real”.

Expertos consideran que en la actualidad se dispone de herramientas débiles para verificar la identidad, ya que esta se presupone mediante verificaciones manuales o credenciales de “frágil” seguridad como contraseñas, tarjetas de coordenadas o SMS.

Son los estados los que deben asegurar y proteger las identidades de los ciudadanos a través de las normas europeas, como el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento eIDAS o la directiva de servicios de pago, y estatales que brindan herramientas seguras y confiables para proteger las identidades y así dar libertad a los ciudadanos, empresas y administraciones para desarrollar y afrontar un reto común como es la transformación digital segura, confiable y de impacto social.

TECNOLOGÍA BIOMÉTRICA

El experto expuso en la ponencia del Senado que la tecnología biométrica moderna, gracias a su precisión, facilidad de empleo, seguridad y privacidad, permite ejercer la identidad en el espacio digital de forma unívoca y segura.

Esta tecnología permite que una persona realice una operación digital, y sea acreditada de forma unívoca a su persona, aportando toda la seguridad jurídica, evitando el fraude, la suplantación de identidad, además de tener toda conveniencia de operar en el espacio digital, mejorando la eficacia de las administraciones públicas y las empresas, evitando pérdida de tiempo, recursos y desplazamientos innecesarios, reduciendo la huella de carbono de cada transacción.

Eduardo Azanza ha resaltado que los sistemas biométricos de verificación (que un individuo se verifica contra sí mismo) y de identificación (que buscan a un individuo dentro de una lista) “no permiten inferir otras características del sujeto como comportamientos, actitudes, emociones, tendencias, género, etnia, colores de piel, etc., ni supone la clasificación de la persona en un perfil que pueda determinar características o comportamientos futuros. Los sistemas biométricos basados en inteligencia artificial ayudan a tomar decisiones más informadas y seguras; debidamente configurados son menos proclives al error y al sesgo que el ser humano.”

El uso de sistemas de reconocimiento biométrico se ha extendido en los últimos años en un amplio número de sectores. Permite cubrir, con garantías, el objetivo de identificar o autenticar la identidad de una persona. Y es que, el experto explica que de los tres elementos que se vienen diferenciando cuando hablamos de autenticación de usuarios (posesión, conocimiento e inherencia), sin duda el de inherencia es el único que puede aportar certeza, mientras que los otros dos se quedan en la presunción.

En su intervención, Eduardo Azanza se ha hecho eco de “la reciente decisión del Consejo de Estado francés sobre el sistema de identificación Alicem, en el que se usará el reconocimiento facial como identificación. Este es un buen ejemplo de aplicación de las normativas europeas antes mencionadas a un caso concreto. Este sistema fue promovido por el Gobierno francés para facilitar el acceso seguro de la ciudadanía a los servicios públicos".

Insiste en que presumir que todo uso de la biometría es ilícito y que puede atentar contra derechos fundamentales no está justificado y recuerda que existen instituciones que tienen encargada la misión de defender los derechos (jueces, tribunales, autoridades de control como la AEPD, etc.), y deben ser ellas quienes diferencien entre los casos lícitos y los que no lo son, entre tecnologías respetuosas con la privacidad y las invasivas.