Serret se entregó el pasado 11 de marzo por sorpresa en las dependencias del alto tribunal, acompañada de su abogado, Iñigo Iruín. Tras regularizar su situación, el magistrado acordó su libertad, dejando sin efecto la orden de busca y captura nacional que pesaba sobre ella y la situación de rebeldía en la que se encontraba.

En ese momento, Llarena la citó a declarar el 8 de abril, pero la comparecencia tuvo que ser suspendida porque Serret tuvo que someterse a confinamiento tras saber que había sido contacto estrecho de un positivo en Covid-19. La nueva fecha quedó en el aire en espera de conocer su evolución.

Sobre Serret pesaba una orden de busca y captura por su participación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y en el ‘procés’ independentista. En el auto de libertad el magistrado acordó que Serret quedaba obligada a designar domicilio y teléfono donde pueda ser localizada y que comparecerá ante este órgano judicial cuantas veces fuera llamada.

La exconsellera huyó a Bélgica en octubre de 2017 como también hicieron el expresidente Carles Puigdemont y varios miembros de su Gobierno. Serret fue procesada por los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. Sin embargo, no se ha acreditado hasta el momento que el departamento que dirigía hiciera pagos para la organización del referéndum del 1-O. Los exconsejeros que fueron juzgados por estos mismos delitos sólo fueron condenados por desobediencia.

Serret no estaba en la lista de procesados por el proceso independentista sobre los que el juez Pablo Llarena dictó Orden Europea de Detención después de la sentencia del 14 de octubre de 2019. Sí pesaba sobre ella orden nacional de detención.

Además de Aragonés y Vilalta acudirán a las puertas del Supremo para apoyarla la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà; la vicesecretaria general de Derechos, Libertades y Lucha Anti Represiva, Marta Vilaret; y miembros de ERC.