Ese día, Inda llamó al entonces vicepresidente del Gobierno y a su mujer, la ministra de Igualdad, Irene Montero, “chusma” y "gentuza". Insistió a continuación en que Unidas Podemos está financiado "por dos dictaduras": "Algún día los medios de comunicación tendrán que reflexionar lo que ha sido durante los últimos siete años la promoción constante de este personaje, de su partido, cuando es un partido antidemocrático, financiado por dos dictaduras".

Aseguró que se trata de la dictadura “venezolana, que asesina a los disidentes y a la gente que no comulga con ello" y a la "dictadura iraní, que cuelga a homosexuales por el hecho de ser homosexuales y que lapida a mujeres".

En su demanda, Podemos asegura que Inda vertió afirmaciones “absolutamente inveraces” a sabiendas de que lo eran. De inmediato, Iglesias anunció acciones legales y pidió rectificación al programa mediante burofax. En su escrito, los demandantes aportan todas las noticias publicadas por ‘OK Diario’, el medio que dirige Inda, sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos.

IRÁN Y VENEZUELA

La financiación internacional de Podemos ha estado bajo la lupa de la justicia. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sebplac) ha llegado a enviar varios informes a la Policía en relación con movimientos financieros procedentes y destinados a 360 Global Media, dirigida por el iraní Alizadeh Azimi Mahmoud.

Esa sociedad canalizaba fondos hacia los programas emitidos en la iraní Hispan TV, como ‘Fort Apache’ o ‘La Tuerka’. Se sospechaba que por este mecanismo se habría podido pagar hasta 9,3 millones de euros que podrían haber servido para financiar a Podemos.

Los citados informes fueron examinados por la Udef para detectar una posible financiación ilegal del partido, pero los agentes y la Fiscalía no llegaron a encontrar evidencias de delito y nunca presentaron denuncia a los tribunales. Quien sí lo hizo fue el sindicato Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernad, está siendo enjuiciado por extorsión en la Audiencia Nacional. Fue inadmitida a trámite por el Tribunal Supremo por entender que no había ilícito penal alguno.

También el Tribunal de Cuentas ha examinado la financiación de Podemos analizando, en concreto, los ingresos procedentes de Irán sin que se concretara actuación alguna.

En el caso de Venezuela, los datos se referían a los ingresos vehiculados a través del Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), entidad a la que se transfirieron más de 3,3 millones de euros se concepto de asesoría política entre 2004 y 2012. En esa institución colaboraron Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y Luis Alegre.

El PSOE interpuso una querella ante el Tribunal Supremo, que no fue admitida a trámite por entender que no existía “hecho alguno en la querella que fuera constitutivo de delito” y tampoco que permitiera indicios de financiación ilegal de Podemos.

El escrito de Podemos llega a incorporar varias decisiones judiciales contrarias a investigar los presuntos delitos de financiación ilegal, blanqueo, delito fiscal, delitos que comprometen la paz e independencia del Estado, entre otros, presentados por Vox, Manos Limpias o particulares ante la Audiencia Nacional, el TS y los juzgados ordinarios.

“De los siete procedimientos judiciales incoados contra Podemos y sus integrantes”, dice la formación, “relacionados con la supuesta percepción de fondos procedentes de Venezuela e Irán, ninguno de ellos prosperó, siendo además en ellos la causa del archivo la inexistencia de ilícito penal alguno”.

Destaca además la querella que en el Ministerio del Interior, bajo mandato de Jorge Fernández Díaz, se creó un estructura policial paralela para obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP y que buscaba “la persecución de adversarios políticos”.

Sostiene Podemos que Inda era consciente de la falsedad de sus afirmaciones, y que existe una vulneración de sus derechos porque esa circunstancia ha quedado en evidencia por las decisiones judiciales desde que ‘OK Diario’ publicó sus primeras informaciones en 2016. Y destaca que su ataque se produce en un período especialmente sensible, como es el de las semanas previas a unas elecciones en las que Iglesias es candidato.

Podemos e Iglesias solicitan en la demanda 18.000 euros de indemnización como compensación por el daño causado, la publicación de la sentencia en ‘El Programa de Ana Rosa’ a la misma hora en que Inda realizó sus acusaciones, su inserción en ‘OK Diario’ y la grabación leída por Inda de su contenido en vídeo de formato y duración similar a su intervención del 12 de abril de 2021.

SOSPECHAS

Desde su nacimiento las sospechas sobre la financiación de Podemos ha sido una constante. A día de hoy se mantiene abierta una investigación sobre el manejo interno de los fondos de la formación en un juzgado de Madrid tras la denuncia del abogado José Manuel Calvente, que previamente había sido despedido de la formación.

El juez Juan José Escalonilla, que conduce esta investigación, ha acordado cerrar ya cuatro de las líneas de investigación en esta macrocausa abierta sobre la financiación de Podemos. Todas ellas ha sido archivadas, incluida una sobre el presunto cobro de sobresueldos por los dirigentes de Podemos. El archivo de todas ellas está justificado por al falta de indicios delictivos.

Queda aún viva la investigación relativa a los contratos con la consultora mexicana Neurona, que fue contratada por la formación de Iglesias con motivo de las elecciones de 2019. El juez entendía en un auto de enero pasado que hay indicios de que la licitación del contrato no fue real, si bien no se trata de un hecho delictivo. También dictaminó que no se desvió dinero de las obras de la sede de Podemos a pagos distintos de esa actividad y la Fiscalía defendió que los hechos no eran constitutivos de delito.

Igualmente archivada quedó la investigación por un presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad por acceso ilícito al disco duro del ordenador de la abogada Marta Flor sin su consentimiento. Esta letrada ya no trabaja tampoco en Podemos y no denunció la intromisión, por lo que no se pudo abrir ninguna investigación, dado que este delito debe ser denunciado por la víctima directa.

En meses anteriores, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya archivó otras partes denunciadas por Calvente relativas a los contratos de campaña con la consultora ABD y a la caja de solidaridad del partido. De hecho, la Fiscalía llegó a afirmar que se estaba realizado una investigación prospectiva, sin indicios, y con la única base de una denuncia interpuesta por una persona con “animadversión” hacia la formación por su despido.