En el auto de desestimación se establece que no resultan indicios de la comisión de delito por parte del querellado, catedrático de Derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, dado que “no es un funcionario público que se aproveche de esa condición para formar parte de la Junta y resolver en contra de los intereses que señala el querellante”. “Adquiere condición de funcionario público”, continúa la resolución, “precisamente en el momento en el que entra a formar parte de la Junta.

Y el intervenir en las decisiones del órgano colegiado es la finalidad de su inclusión en el mismo, siendo que las afirmaciones del querellante sobre la intencionalidad del querellado por tener interés personal en los asuntos sometidos a la decisión de la Junta Electoral son tan sólo opiniones sin ningún refrendo fáctico que lleve a concluir la existencia” de la comisión de delito.

Además, el magistrado señala en su escrito que “la posible incompatibilidad que pudiera existir entre la condición de catedrático de la Universidad o como asesor del partido político y la participación como vocal en la Junta Electoral ha de ser examinada en el ámbito administrativo”, en lugar de en la jurisdicción penal, ante la cual se ha formulado la querella. Esta resolución puede ser recurrida en reforma, ante el propio órgano judicial, y/o en apelación, ante la Audiencia Provincial de Madrid.

El encontronazo entre Torra y Betancor viene de lejos, cuando saltó la noticia de que el vocal trabajó como asesor del partido naranja a la vez que era miembro de la JEC entre los años 2017 y 2019, un hecho que puso en tela de juicio la imparcialidad de este órgano. Nada más conocer este hecho, Torra, anunció que presentaría una querella por soborno, prevaricación y/o delito electoral contra Betancor, por constituir “el origen de mi inhabilitación”.

Torra estimaba que cuando el catedrático se sometió al preceptivo examen de idoneidad para ocupar el cargo de vocal de la JEC era plenamente conocedor de la normativa que le impedía participar en los procedimientos en que el partido por el que había sido contratado fuera el denunciante o impulsor, el afectado o el denunciado.

La querella aportaba como prueba que, al cabo de un año y nueve meses como vocal de la JEC, el querellado dimitió y se incorporó como secretario jurídico de la gestora del partido político. Y que mientras fue vocal del órgano electoral, Betancor continuó trabajando a sueldo y con despacho propio en el Congreso, al servicio de Ciudadanos.