Así se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Ejecutivo el pasado viernes a la Comisión Europea y publicado en su totalidad este miércoles. En el componente 28 del Plan, bajo el título ‘Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI’, el Ejecutivo destaca la necesidad de realizar una reforma del sistema tributario con el objetivo de hacerlo “más equitativo, progresivo y justo”, así como para acercar la tributación de España con la de la media europea, ya que, recuerda, la presión fiscal en España fue del 39,2% en 2018, 7,3 puntos por debajo del 46,5% de la eurozona.

Para ello, el Ejecutivo aboga por que dicha reforma se realice “prestando la debida atención a la necesidad de garantizar el adecuado equilibrio entre la consolidación a medio plazo de las finanzas públicas y la contribución de la fiscalidad al crecimiento económico” y advierte que “será necesario cuadrar adecuadamente las reformas a introducir con los tempos de la recuperación económica, de modo que se combinen adecuadamente políticas de estímulo y apoyo a los sectores económicos y al empleo con las reformas tributarias que se articulen”.

Asimismo, también apunta que “se requiere mejorar la recaudación y la eficiencia del sistema fiscal a través del ensanchamiento de las bases tributarias reducidas por las numerosas exenciones y deducciones, evaluando si los beneficios fiscales existentes logran los objetivos para los que fueron creados, o si deben revisarse”.

Por otro lado, el documento también resalta la importancia de desarrollar “una fiscalidad verde que contribuya a hacer un mundo más sostenible, protegiendo al medioambiente como herramienta de lucha contra el cambio climático y así, además, poder atender los compromisos internacionalmente asumidos”.

REFORMA FISCAL

Sobre la reforma fiscal que se ejecutará una vez finalice su trabajo el Comité de Expertos creado en el primer trimestre de 2021, el Gobierno explica que su objetivo es “obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar”, con especial atención a la fiscalidad medioambiental, el impuesto de Sociedades, imposición digital y la armonización del impuesto de Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, entre otras.

Según el documento, “las reformas que proponga el comité deberán calibrar adecuadamente el momento económico actual y el esperado a medio y largo plazo, de modo que sin perder de vista los principios fundamentales que deben inspirar la reforma, como consolidación fiscal, seguridad jurídica, simplificación del sistema, modernización del mismo, potenciación de la fiscalidad en áreas infragravadas (medioambiental o ámbito financiero, entre otros), logre acertar en los tiempos apropiados para la entrada en vigor de cada modificación, de modo que no frene la recuperación económica, pero permita aproximar progresivamente los ingresos tributarios hacia la media de los Estados miembros”.

En lo referente a su calendario, el Ejecutivo apunta que el ‘Libro Blanco’ que realizará este comité se entregará al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre de 2022, de forma que el documento será evaluado en ese mismo trimestre “y adoptará las decisiones sobre las modificaciones normativas pertinentes, de acuerdo con la situación económica”.

Las medidas que proponga el comité irán acompañadas de un análisis sobre su impacto distributivo, indicando si mejoran o no la progresividad del sistema y si tienen impacto sobre los colectivos vulnerables y sobre las familias con niños. Asimismo, “se analizará la distribución en la tributación del trabajo frente a la tributación del capital, así como la tributación de las grandes corporaciones”.

La fecha de entrada en vigor prevista por el Ejecutivo para esta reforma fiscal será el primer trimestre de 2023.

BENEFICIOS FISCALES

Por otro lado, en lo referente a la revisión de los beneficios fiscales, el Gobierno indica que “en España, una parte importante de las políticas de gasto” se realizan a través de estos instrumentos, de forma que “el conjunto de ellos supone una cuantía próxima a los 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB)”.

Por ello, defiende que “la reducción y eliminación de beneficios fiscales y regímenes especiales de nuestro sistema tributario implicará no solo un incremento de la recaudación, sino que coadyuvan a la existencia de un sistema tributario más simple, lo que, a su vez, tiene efectos favorables sobre la seguridad jurídica, y sobre los litigios y conflictividad existentes”.

En cuanto al calendario de implementación, el documento recoge que entre 2021 y 2023 se hará una evaluación de quince beneficios fiscales seleccionados por un grupo de trabajo, de modo que “cada año se realizará una evaluación de cinco beneficios fiscales de nuestro sistema tributario”.

Tras ello, apunta que “en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024, se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, si la situación económica lo permite”.