El proyecto de ley deberá después volver al Congreso de los Diputados, pero “si todo va como está previsto, podría ser aprobado de forma definitiva y publicarse en el BOE antes incluso de que termine mayo”, según declararon a Servimedia fuentes parlamentarias.

El informe fue aprobado por 28 votos a favor, sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención, e incorpora más de 80 enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos, que habían presentado un total de 243.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.

Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.

MEJORAS

En su redacción inicial, el proyecto de reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria). Ahora afectará también a la Ley de Comercio, ya que el informe de ponencia incluirá una enmienda del PSOE que reforma uno de sus artículos.

Otra de las modificaciones incorporadas al proyecto a su paso por el Senado tiene que ver con la eliminación total del término ‘minusvalía’ de todas las normas afectadas.

Casi todos los portavoces parlamentarios que intervinieron en el debate destacaron “el avance histórico” que esta reforma legal supone para la integración de las personas con discapacidad y alabaron el trabajo y la voluntad de consenso manifestadas por los participantes en la ponencia.

José Manuel Marín, de Vox, fue el único crítico con el proyecto de ley, que a su juicio “desdibuja la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”. La primera es “abstracta, inalienable y no se puede graduar”, apuntó, pero la segunda tiene que ver “con la madurez y con la funcionalidad, entre otras, de las personas y se puede limitar”, tal y como sucede con “los menores no emancipados o los mayores de edad con incapacitación”.

Esta limitación en la capacidad de obrar es “compatible”, a su entender, con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, y dio lugar a instituciones, “que ahora lamentablemente desaparecen, para proteger el interés superior de la sociedad y de las propias personas con discapacidad”, argumentó. Algunas de las 72 enmiendas que presentó su grupo van en este sentido.

El portavoz del grupo socialista, José Aurelio Aguilera, repuso que “ya es hora de dejar de enseñar en las facultades esa distinción tradicional entre capacidad jurídica y capacidad de obrar”, pues se trata de “garantizar que las personas con discapacidad pueden realizar, en pie de igualdad, todos los actos jurídicos, con los ajustes de procedimiento” adecuados en cada caso.

En su opinión, las enmiendas de Vox “son contrarias al espíritu de la ley” y al texto de Naciones Unidas. "Se va a acabar con el modelo paternalista para, en su lugar, facilitar la toma de decisiones libres” por parte de estas personas, “siempre con los apoyos necesarios y salvaguardando la seguridad jurídica”.

En la misma línea se manifestó Marcos Arias, de Ciudadanos, que destacó “el trabajo realizado para llegar a consensos por todos los grupos, salvo por uno”. Esta reforma “supone un cambio de paradigma”, apuntó, y es “un paso fundamental para promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Tan es así que María Rosa Peral (PNV) habló de “una auténtica ley de leyes de la discapacidad”, y María Teresa Rivero (CIU) se mostró convencida de que “ayudará a la integración social” del colectivo y a “romper el estigma”.

También la portavoz popular, Violante Tomás, afirmó sentirse “muy orgullosa”, y destacó los avances introducidos en el texto a su paso por el Senado.

Algunas enmiendas presentadas durante el informe de ponencia se volverán a debatir en el Pleno de la semana que viene, como las presentadas por los grupos nacionalistas sobre el diseño de competencias y las propuestas por Vox. Con todo, se espera que el proyecto salga adelante con un “muy amplio respaldo”.