Es una de las conclusiones del informe elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), titulado ‘El saldo estructural de las CC.AA. 2018-2020’, que recoge la descomposición de los balances presupuestarios autonómicos en sus componentes cíclico y estructural de esos dos años.

Los autores explican que la importancia de esta división radica en que es el componente de déficit estructural el que debe utilizarse para valorar la gestión presupuestaria de un gobierno, ya que se considera que éste se encuentra bajo su control.

Fedea precisa que el saldo de 2020 está distorsionado por las mayores transferencias recibidas por parte de la Administración Central a través del Fondo Covid-19 (15.950 millones de euros) y de los mayores recursos recibidos del Sistema de Financiación Autonómico (SFA) (7.724 millones).

Además, el gasto de las regiones asociado a la lucha contra la pandemia ascendió a 13.149 millones, y Fedea prevé que la mayor parte se consolidará en el tiempo.

Los resultados de la descomposición realizada muestran que el saldo estructural de las comunidades de 2020 ha sido realmente de -1% del PIB, lo que supone un empeoramiento de cinco décimas con respecto al valor de 2019 y “demuestra que las regiones en su conjunto no están saneadas en términos estructurales”, advierte Fedea.

Sin embargo, esta situación es muy heterogénea entre las diferentes regiones. Por un lado, la situación estaría saneada (superávit estructural) en Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra, en contraste con la Comunidad Valenciana y Murcia, con un déficit estructural del -2% y el -1,8% del PIB, respectivamente.