Por tanto, cabe esperar que la reforma legal obtenga un muy amplio consenso en el Pleno de la semana que viene.

Una vez superado este paso, el proyecto de ley deberá volver al Congreso para ser ratificado, pero “si todo va como está previsto, podría aprobarse y publicarse en el BOE de forma definitiva antes de junio”, indicaron fuentes parlamentarias a Servimedia.

El informe fue aprobado por 28 votos a favor, sin ningún voto en contra y sin ninguna abstención en la comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, e incorpora más de 80 enmiendas transaccionales pactadas entre los distintos grupos, que habían presentado un total de 243.

Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), esta reforma busca acabar con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad, y en su lugar propone todo un sistema de apoyos individualizados para que tomen sus decisiones de forma libre y autónoma.

En esta línea, se eliminan las figuras de la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, consideradas como "poco adaptadas" al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad.

En su lugar, el sistema de justicia deberá proporcionar a las personas que lo necesiten las ayudas y ajustes necesarios (con recursos técnicos, materiales y humanos) para llevar a cabo actos jurídicos tan diversos como casarse, comprar una vivienda o hacer testamento.

Su objetivo es adaptar la legislación civil española a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otros puntos establece su igualdad en cuanto a capacidad jurídica y prohíbe la discriminación en este ámbito.

MEJORAS

En su redacción inicial, el proyecto de reforma incidía en siete leyes (el Código Civil, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la del Registro Civil, la Ley de Patrimonio, la de Jurisdicción Voluntaria y la Ley Hipotecaria). Ahora afectará también a la Ley de Comercio, ya que el informe de ponencia incluirá una enmienda del PSOE que reforma uno de sus artículos.

Otra de las modificaciones incorporadas al proyecto a su paso por el Senado tiene que ver con la eliminación total del término ‘minusvalía’ de todas las normas afectadas.

Además del informe aprobado por unanimidad, llegarán al Pleno varias ‘enmiendas vivas’ presentadas por distintos partidos que aún no han sido retiradas.

Entre ellas, hay varias defendidas por los grupos nacionalistas y por Vox, que rechaza la equiparación entre “capacidad jurídica” y “capacidad de obrar” que propugna la reforma.

Según este partido, la primera es “un concepto abstracto, es inalienable y no se puede graduar”, pero la segunda “sí puede ser limitada”, como de hecho sucede con los menores de edad no emancipados o con las personas incapacitadas.

A su juicio, esta limitación obedece de hecho “al interés general de la sociedad y de dichas personas”.

Vox podría ser el único partido que no apoyase el texto. Así lo hizo en el Congreso, aunque en la comisión sí votó a favor.