Los ecologistas señalaron en un comunicado que el auto da por buenos los argumentos del contencioso que inició el PP en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid.
La decisión del Supremo de inadmitir el recurso supone, en la práctica, el fin de esta iniciativa y ocurre, según destaca Ecologistas en Acción, en un momento en el que el Parlamento Europeo pide una regulación de la calidad del aire que “impida revertir medidas como Madrid Central”.

Asimismo, la organización conservacionista lamenta que “para el Supremo la vigencia o no de una zona de bajas emisiones, que ha ayudado a mejorar mucho la calidad del aire en la capital, aparentemente no tiene suficiente trascendencia. El propio Parlamento Europeo aprobó recientemente un informe que exige medidas más estrictas para preservar la salud pública en nuestras ciudades”.
También critica al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por lo que califica como “el poco disimulado empeño del gobierno municipal” actual en acabar con uno “de los emblemas de la anterior corporación, Madrid Central, a pesar de ser una medida muy valorada por los madrileños y madrileñas y que demandan más barrios de la ciudad”.

Añade que todo esto ocurre en plena pandemia, “agravada” por la contaminación, y cuando la Comisión Europea ha reanudado el proceso sancionador por superación reiterada de los niveles máximos de dióxido de nitrógeno, “como respuesta a los intentos recientes del Gobierno municipal de desmantelar Madrid Central”.

En este contexto, Ecologistas en Acción pregunta al alcalde si le parece aceptable que Madrid sea la ciudad europea “con mayor mortalidad asociada al dióxido de nitrógeno, un gas que sale de los tubos de escape”, y le reclama que explique si suspender una medida que ha reducido un 20% la contaminación por este gas tóxico durante su primer año de funcionamiento es la mejor forma de garantizar la salud de la población o, por el contrario, “se trata de una descomunal irresponsabilidad, que costará muchas vidas”.