Puig pronunció estas palabras en su intervención en la Asamblea Anual de Socios del IEF, que contó con la participación de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.

El máximo responsable del IEF se refirió a la reforma fiscal que quiere llevar a cabo el Gobierno y para la que ha constituido un grupo de expertos.

Puig dijo que las empresas familiares están dispuestas “a contribuir al esfuerzo de todos” y “solo pedimos estabilidad y disponer de un marco tributario que no nos penalice competitivamente”.

En esta línea, llamó la atención sobre que “ningún otro país de nuestro entorno mantiene algunos de los tipos impositivos que más afectan a la empresa familiar” y reclamó que se permita “dar continuidad a nuestras empresas preservando la titularidad familiar”. Destacó que “en ningún caso debería la fiscalidad determinar que empresas españolas enraizadas en nuestro territorio y nuestra sociedad tengan que ser vendidas a terceros”, mientras que, si estuvieran radicadas en determinadas comunidades o en cualquier otro país vecino, “eso se hubiera podido evitar”.

Puig también se refirió a los cambios en la reforma laboral que el Gobierno está negociando con los agentes sociales y que ha comprometido con la Comisión Europea. Se preguntó si en un escenario en el que España lidera el desempleo, particularmente el juvenil, “¿no sería razonable convertir en eje de la reforma laboral la inclusión de los jóvenes, la incentivación del empleo, la formación dual, más que otras cuestiones a las que podremos enfrentarnos más adelante?” y agregó que hay varios ejemplos de iniciativas que “en mi opinión, se han acometido con una cierta falta de oportunidad”.

Precisamente, respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido por el Gobierno a Bruselas, el representante de las empresas familiares dijo haber tenido contacto con los equipos de distintos ministerios y con la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno y “podemos atestiguar su dedicación y capacidad profesional”. Sin embargo, afirmó que “con frecuencia, nos sentimos excluidos de los procesos de deliberación” y “a menudo percibimos una cierta desconfianza desde las administraciones públicas”.

Subrayó que el compromiso democrático de las compañías familiares es “incuestionable” y “en ningún caso, pretendemos incidir en las decisiones que adoptan las mayorías parlamentarias y los gobiernos que los españoles nos hemos dado. Pero nos cuesta entender por qué no se aprovechan las evidentes ventajas que podrían derivarse de una actuación conjunta entre administración y empresas”.

Puig también defendió un “entorno favorable para la inversión, con reglas claras y predecibles”, que no sea “hostil”, con “igualdad de condiciones” que el resto de países europeos, y puso en valor las medidas adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), los préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el Ingreso Mínimo Vital.

En suma, consideró “deseable” que para las grandes cuestiones políticas “estuviésemos guiados también por una visión a largo plazo y de consenso”.