Ocho años después de que el diario ‘El País’ publicara los llamados ‘papeles de Bárcenas’, en 2013, concluye la vista en la que cinco personas se sentaban en el banquillo. Son el extesorero; el exgerente del PP Cristóbal Páez; los socios de Unifica, la empresa que realizó la reforma, Gonzalo Urquijo y Belén García; y su trabajadora Laura Montero. Ninguno ha hecho uso de su derecho a la última palabra.

Páez se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de prisión, mientras que los arquitectos Urquijo y García hacen frente a una pena de tres años de cárcel por haber cobrado en dinero negro. Montero ha quedado fuera del procedimiento al desistir las acusaciones populares y no estar acusada por el fiscal. Se mantiene también al PP como responsable civil subsidiario por esos pagos en ‘b’.

El juicio comenzó el pasado 8 de febrero. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y las cuatro acusaciones populares han dado credibilidad a los ‘papeles del Bárcenas’, cuya defensa también ha defendido la autenticidad de su contenido. Esos fondos podrían haber sufragado 1,5 millones de euros de las obras de Génova y la compra de acciones de Libertad Digital.

Las defensas y, en especial, el abogado del PP han sido muy duras a la hora de desacreditar los apuntes contables de Bárcenas. La defensa del PP aseguró en esta última sesión que las declaraciones del extesorero se han fundamentado en “medias verdades” que ha ido “encajando según lo necesitaba su estrategia de defensa”. Y apuntó que “más le valdría” justificar “el origen de su fortuna” en el extranjero, que asciende a más de 48 millones de euros.

Bárcenas envió pocos días antes del juico a la Fiscalía Anticorrupción un escrito en el que ofrecía su colaboración para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP. En su declaración en el juicio reiteró la existencia de una ‘caja b’ que se nutría de donaciones de empresarios que luego eran beneficiarios de contratos públicos y el cobro de sobresueldos por la cúpula del partido.

Todos los supuestos receptores de esos sobresueldos lo han negado en el juicio. Dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, han prestado declaración como testigos y han negado taxativamente la existencia de una ‘caja b’. Sin embargo, la existencia de esa contabilidad irregular ha sido refrendada por sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Pese a la expresada voluntad de colaborar con la justicia, el fiscal ha mantenido la calificación del delito para Bárcenas y reiteró su petición del cinco años de prisión, sin aplicar atenuante alguna por arrepentimiento.