Conforme a su investigación existían dos redes de colaboración, con grandes consultoras entre ellas, y su “modus operandi” se basaba en solicitar “ofertas de cobertura” para evitar competir y que una de las empresas resultase adjudicataria.

En la red ‘norte’ las cuantías más gravosas han correspondido a Deloitte Consulting, por valor de 3,99 millones y PriceWaterHouseCoopers Asesores de Negocios, con 670.000 euros. También ha sancionado a Altia Consultores, con 30.000 euros; a Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823), Gestiona XXI Consulting (3.218), Idom consulting, Engineering Architecture (640.000), Indra Business Consulting (27.000), a KPMG Asesores (50.000), Red2Red Consultores (30.000), Uliker-3 (11.040) y a 97S&F, con 69.667 euros.

En la llamada por la CNMC ‘red de colaboración nacional’ figuran a su vez Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000), Gaps Politica i Societat (15.000), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979), Red2Red Consultores (25.000 euros), Regio Plus Consulting (33.744) y 97S&F, con 61.926 euros.

Además, ha multado a varios directivos de las consultoras, con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los cárteles y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las Administraciones Públicas.

Según el organismo de competencia, las sanciones son por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), al constituirse en cártel. La resolución no puede recurrirse en vía administrativa pero sí en la Audiencia Nacional.

Sus pesquisas tienen origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia, quien alertó a la CNMC al superar los hechos que encontró el ámbito autonómico del País Vasco. Una vez recibido el aviso, la CNMC efectuó en octubre del 2018 diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras, que derivarían ya en el 2019 en un expediente sancionador para 25 de ellas y ocho de sus directivos. Posteriormente ampliaría a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables la investigación.

El organismo de competencia sostiene que durante la instrucción ha acreditado que durante el periodo 2008-2018 las firmas se organizaron en dos redes de colaboración e intercambiaban información comercial sensible, sirviéndose de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones públicas.

Para su investigación ha analizado 200 contratos públicos licitados durante esa década y en el expediente final la CNMC declara no acreditada la participación de las empresas Oesía Networks y su matriz Heisenberg 2014, aunque se investigaron.

En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas, al menos, 101 licitaciones de, entre otros: los Ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros por: el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.

Según la CNMC, las firmas se valieron de la confianza de sus directivos y profesionales, en ocasiones antiguos compañeros de trabajo, para ayudarse en las licitaciones y “bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios”.

En la mayoría de los casos advierte que son contratos que no salían a licitación libre y pública, sino donde la administración correspondiente invitaba a una serie de firmas a formular sus propuestas. Aquí y, según CNMC, una de las consultoras invitaba a participar a otras con ofertas “perdedoras” o para que declinara la participación, quedándose así con su adjudicación.

En última instancia no solo se amañaba la asignación, sino que, según la CNMC, también “se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a la mejora en la calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación”.