El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes. El recurrente considera que se han podido vulnerar los artículos 2 y 138 de la Constitución.

El Parlamento balear formalizó el pasado 31 de marzo el recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 por no incluir el factor de insularidad, algo que "hace irreconocible el Régimen Especial de Baleares" aprobado por el propio Estado a través de un Real Decreto en 2019.

En su recurso, el Parlamento apela a una "discriminación estructural" por parte del Estado hacia Baleares, recordando que se encuentra a la cola de la inversión estatal no solamente en algunos ejercicios, sino de forma general. "La desigualdad que sufren las Baleares de forma sistemática por los PGE es evidente y palmaria, realidad que ha sido constatada por multitud de estudios", alega.

El recurso argumenta que al no existir mecanismos de ajuste que garanticen este impacto, se cae en "un incumplimiento flagrante de los principios básicos del ordenamiento constitucional".