En su escrito sostiene que las actuaciones se han cerrado “prematuramente” porque aún quedan dudas sobre determinados aspectos y actuaciones que tuvieron lugar en esa semana desde los días 22 y 30 de marzo de 2020 y que pudieron provocar el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado por Covid-19 en el centro.

El pasado 10 de diciembre la Fiscalía interpuso una denuncia contra A. M. G. y M. J. A. en calidad de médico y gerente de una residencia, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro, y homicidio imprudente en la persona de M. L. M. Una vez practicadas una serie de diligencias, la magistrada acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito que dio lugar a la incoación de las diligencias.

“Los responsables de las residencias de mayores en aquellas fatídicas fechas del comienzo de la pandemia, con los servicios de urgencias colapsados, en estado de alarma decretado y una crisis sanitaria sin precedentes, no podían sino seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, que además en aquellos primeros momentos eran a veces contradictorias y cambiantes de un día para otro (…). La COVID, ahora se sabe, a veces cursa con un empeoramiento repentino. Y cuando esto sucedió fue trasladada al hospital de referencia. Nada se pudo hacer por su vida, dada su edad y dolencias previas”, dice la magistrada en su auto.

Para la Fiscalía, el auto recurrido solo toma en consideración el informe del médico forense donde se valora la situación vivida durante el primer mes de la pandemia y su relación con el fallecimiento de M. L. M. , sin dar respuesta a todas las imputaciones realizadas en la denuncia como son los delitos de denegación de auxilio u omisión del deber de socorro, y “sin que se dé una explicación motivada que tenga en consideración lo que ocurrió el fin de semana del 28 y 29 de marzo”.

Pese a que la juez considera “cambiantes” y “contradictorias” las instrucciones que se recibían de la Administración durante las primeras semanas, la Fiscalía entiende que no eran contradictorios, si no que se complementaban. Esas directrices, por ejemplo, establecían como cauce de comunicación de pacientes residentes sospechosos de COVID a los servicios de geriatría del hospital de referencia entre las 8.00 y las 22.00 horas todos los días. En este caso, los hechos investigados se remontarían al 22 de marzo de 2020 donde la paciente manifestó un malestar general.

La denuncia de la Fiscalía, no obstante, se centraba en lo ocurrido el fin de semana del 28 y 29 de marzo. Así, subraya que el horario de la doctora era de jornada parcial de 9 a 13 de lunes a viernes y que ese fin de semana, sin embargo, no se encontraba en la residencia ningún médico ni enfermera. Y ello porque no existía una obligación legal, si bien, como señaló la doctora investigada, tenía “operativo” su teléfono móvil para cualquier consulta.

La doctora afirmó que ese domingo llamó a la residencia para interesarse por sus pacientes, incluida la mujer que falleció posteriormente, y aportó, además, la factura telefónica donde aparecen las llamadas a las trabajadoras del turno de ese fin de semana.

Por su parte, la directora de la residencia sostuvo que ese mismo día se intentó contactar en cuatro ocasiones con la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo y, pese a la presentación de las distintas facturas de teléfono con las llamadas, la Fiscalía advierte de que se desconoce la verdadera “finalidad” de las mismas porque “no se ha indagado”.

De ahí que le surjan dudas “acerca del verdadero estado de salud de la señora durante ese fin de semana y si hubo o no una diligencia suficiente o denegación de un auxilio o socorro en la labor desempeñada por la residencia y en concreto por la doctora, que hubiera evitado el fatal desenlace que se produjo dos días después”.