Asimismo, los rectores proponen al departamento de Castells que el nuevo marco legislativo dé seguridad jurídica a todas las universidades del sistema universitario y garantice “autonomía, flexibilidad y una financiación estable y suficiente”. Además, considera necesario “flexibilizar, racionalizar y mejorar la oferta formativa para responder a las demandas actuales y futuras del estudiantado y de la sociedad”.

Según expusieron los rectores en un comunicado difundido este jueves, las aportaciones de Crue se basan en su documento ‘Universidad 2030: Propuestas para el debate’, consensuado por las universidades de Crue en un amplio proceso de consulta. Así, el documento elevado al ministerio contiene una batería de propuestas sobre financiación universitaria; docencia, investigación y transferencia del conocimiento; Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios, y gobernanza de las universidades.

Para Crue, “la reforma universitaria tiene que dar seguridad jurídica a las universidades y recoger los elementos fundamentales que reflejen la visión, funciones y objetivos del Sistema Universitario Español, sin perjuicio de que, para completar el desarrollo normativo específico se remita a los reales decretos y reglamentos”.

La conferencia de rectors considera que el nuevo marco legal debe ser “general y estable, con poca regulación y mucha flexibilidad y opcionalidad” y advierte de que, “lo contrario forzaría a una homogeneización del sistema, que dificultaría el logro de objetivos por parte de las universidades”. También sostiene que la nueva normativa debe recoger “las necesarias condiciones de autonomía, financiación y rendición de cuentas, además de permitir a las universidades que desarrollen su misión y funciones en entornos diversos, competitivos, creativos, captadores de talento en igualdad de condiciones que las mejores universidades europeas”.

PÚBLICAS Y PRIVADAS

Esta organización valora que la futura ley incorpore en el título el concepto de ‘sistema universitario’ porque traslada la voluntad de legislar en todo el sistema, con toda su complejidad, pues está constituido por universidades de distinta titularidad (públicas y privadas), pero también de diferente tamaño, entorno socioeconómico y geográfico en el que desarrollan su actividad.

Entre las propuestas enviadas al Ministerio, Crue sostiene que la gobernanza universitaria debe atender a cuatro principios: autonomía e independencia; calidad y excelencia académica; participación y compromiso social; y gestión eficiente.

La financiación, la oferta académica y una mayor coordinación con el Ministerio de Ciencia son otras demandas que hacen los rectores. “Crue advierte de que la LOSU debería hacer referencia a la Ley de la Ciencia y establecer, en coordinación con ella, el desarrollo de una actividad investigadora en las universidades más intensa y competitiva. Para ello, plantea una nueva línea de financiación basal de carácter estatal para todas las destinada exclusivamente a la investigación de las universidades; un modelo de captación de talento investigador y carrera académica en las universidades, donde la investigación tenga un peso importante, y estructuras organizativas mejor adaptadas al desarrollo de la actividad investigadora con masa crítica suficiente", proponen.