Según expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, el Gobierno de España tachó de “graves” estos hechos y consideró que la actual dinámica política “reduce los espacios de diálogo y convivencia en Nicaragua”.

El Ejecutivo español subrayó que la detención de Chamorro y las trabas a la labor de los medios de comunicación “ponen en riesgo la legitimidad democrática de las elecciones generales del próximo 7 de noviembre”.

En el comunicado, España pide que “estas medidas deben ser revertidas”, y se ponga fin “de manera inmediata” a la retención de Chamorro y a la ocupación de su domicilio, así como garantizar “el libre ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y actores sociales y políticos”, concluye la nota.