Para este partido político, esta situación constituye un “problema estructural de enorme envergadura”. En España, continúa, se viene produciendo y “agravando” desde hace ya “demasiados años” una situación en la Administración pública que genera “injusticias” entre el personal que trabaja al servicio de la misma y que afecta directamente al servicio público que ofrecen las diversas administraciones a los ciudadanos.

Este “abuso sistemático” de la temporalidad en la contratación pública, continúa Cs, puede advertirse en la “constante e impune renovación fraudulenta” de contratos consecutivos bajo una “falsa” premisa de necesidades temporales que “no son tales”. Esta situación, lamenta, afecta a más de 800.000 familias españolas.

Ante esta situación, Ciudadanos insta al Gobierno con su proposición no de ley a comprometerse a llevar a cabo un ejercicio de identificación de ese abuso en todos los niveles de la Administración pública en línea con los criterios que se desprenden de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También aboga por proponer y negociar una solución con el resto de las fuerzas políticas y los trabajadores afectados que cumpla con los pronunciamientos que ha hecho la justicia europea en favor de este colectivo y que no incluiría la cobertura en ofertas de empleo público o concursos de traslados de todas las plazas que ocupan ahora mismo estos trabajadores en “fraude de ley”.

Para acabar, propone ejecutar en el marco del actual Estatuto Básico del Empleado Público las soluciones legales que la regulación vigente proporciona para una pronta resolución de este problema, emprendiendo en el futuro las reformas legales “oportunas” y adoptando las medidas “necesarias” para que no se vuelvan a repetir situaciones de fraude como las sufridas por este colectivo.