En una entrevista en Servimedia, Santiago aseguró que “sí esperaría” que los indultos se vean con prontitud en el Consejo de Ministros, aunque sea un asunto que compete al Ministerio de Justicia y que lleva unos procedimientos “rigurosos y técnicamente con cierta complejidad” en los que “la última decisión” la tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ahora bien, trasladó que él “sí esperaría que fuera rápido”, ya que tras constituirse el nuevo Gobierno en Cataluña se abre “una nueva fase en este país” y “debemos aprovecharla”. En este marco insertó también la carta de Junqueras en la que admite la inviabilidad de la vía unilateral y opina que los indultos pueden contribuir a “aliviar el conflicto”.

Así, se mostró partidario de no dilatar “una solución que es obvia y evidente”. “Normalizar esto haría que desaparecieran determinadas desconfianzas que hay en los países de nuestro entorno”, señaló el secretario de Estado, incidiendo en que “algo mal hemos hecho cuando los tribunales europeos no nos han dado la razón ni una sola vez”.

El secretario general del PCE ahondó en que las declaraciones de Junqueras tienen “un valor político”. “Él ha dicho lo que ha dicho”, resaltó, y alertó sobre el "coste político” que tendría si se “desdice”. En todo caso, Santiago dijo que cree que se ha expresado “con toda sinceridad” porque “es evidente que no se puede repetir constantemente el mismo experimento con los mismos mecanismos” y pretender que “el resultado vaya a ser distinto”.

Es decir, defendió que “es obvio que la unilateralidad se ha acreditado que era absolutamente inviable” y que el soberanismo no ha aumentado en intención de voto y sigue retrocediendo. “Parece obvio que cualquier persona con inteligencia política entienda que es una estrategia fracasada y que mejor se aborde otra estrategia”, añadió.

MESA DE DIÁLOGO

En cuanto a la posibilidad de que Junqueras se siente en la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat, Santiago sostuvo que es “obvio” que en las negociaciones políticas no se puede decir quién es el interlocutor de la otra parte, pues plantear algo así sería equivalente a “no querer negociar”.

“Cada parte decide quién quiere que la represente” si hay voluntad negociadora, aseveró. “Yo aceptaría, obviamente, los interlocutores que designaran cada una de las partes, ¡faltaría más!”, reiteró el secretario de Estado de la Agenda 2030.

A su juicio, en esa mesa de diálogo pueden encontrarse “muchos” puntos “medios”. “En cualquier proceso de conversaciones, hace falta definir un proyecto común ambas partes. El problema no es el punto de partida de cada una de las partes, sino si hay posibilidad de construir un proyecto colectivo común que satisfaga a ambas partes”, expuso.

Para Santiago, “sí hay posibilidades de construir un proyecto colectivo común que satisfaga” a ambas partes y que “será una posición intermedia, como todo en esta vida”. “España tiene una configuración territorial que permite mucho margen de modificación y de avance para buscar soluciones”, transmitió.

En esta línea, se mostró convencido de que un modelo federal “satisface plenamente las dos posiciones de partida”, al tiempo que recordó que en Unidas Podemos no defienden la separación de ningún territorio del Estado y que “obviamente creemos que necesitamos un proyecto colectivo de todos los pueblos de este país”.

LEY AMNISTÍA

“Creo que esto ahora mismo está encauzado y con las herramientas jurídicas que hay en este momento se soluciona la situación absolutamente”, prosiguió el líder del PCE, para acto seguido admitir que “la ley de amnistía en este momento” sería algo “muy complicado” porque requeriría de una reforma constitucional que, “siendo prácticos, no habría”.

Por ello, más allá de “esfuerzos estériles” que acaben provocando “melancolía”, Santiago instó a buscar “canales factibles” como el indulto, que puedan suponer “un paso cualitativo” con respecto a anteriores situaciones.

Además, defendió que la ley del indulto “permite que haya personas que no han sido condenadas que puedan disfrutar de determinados beneficios”. “No estamos hablando ni de Puigdemont ni de personas individuales”, sino de una “situación política” que viene de “un conflicto político” que en Cataluña se ha “exacerbado” por “intereses electorales de la derecha”.

“Todo viene de un recurso que interpuso el PP a unos artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña”, subrayó, y se felicitó por el hecho de que ahora se estén dando “pasos sustanciales” para corregir el problema y acabar “con esta tensión para siempre”, de tal forma que se produzca “un pacto de entendimiento” para crear un país con un modelo federal donde todos los pueblos de España se sientan “absolutamente cómodos”.

Lanzó esta reflexión cuando se le preguntó si comparte la visión de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, de que “no es normal que no estén en España” el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y el resto de los líderes independentistas catalanes huidos de la Justicia.

“La ministra ha dicho una cosa que es obvia y evidente” y es que “vamos a cerrar el conflicto en todos sus aspectos y uno de sus aspectos es que ha habido personas que han enfrentado sus responsabilidades ante la Justicia y otras que han optado por no enfrentar sus responsabilidades”. De tal forma, incidió en que se trata de “un problema de responsabilidades políticas” y avisó de que “los temas políticos se corrigen políticamente” y es “mejor” cerrar este capítulo “definitivamente” y “ponernos en clave de construcción política”.

COLÓN

A su juicio, el “paso” dado por Junqueras “hace absolutamente innecesario el jolgorio que van a organizar el domingo” las fuerzas de derechas en la Plaza de Colón, aludiendo a la manifestación contra la concesión de los indultos a los condenados por el ‘procés’ que ha convocado la plataforma Unión 78 y a la que acudirán dirigentes del PP, Vox y Ciudadanos.

En su opinión, el PP “se agarra al conflicto en Cataluña como se viene agarrando increíblemente a un conflicto con el País Vasco que no existe desde hace diez años”. Enjuició que el partido de Pablo Casado intentará “crispar más la situación política” mientras sus integrantes se vean “acorralados por sus crímenes económicos”.

Por ello, enjuició que la protesta en Colón es “un intento de crispar la situación política” y algo “injustificado”. “¿Qué busca esa manifestación? ¿Que no se corrija el problema político en Cataluña?”, planteó, y él mismo arguyó que en la derecha están pidiendo que no se “normalice” la situación política en Cataluña en la que se viene trabajando desde el Gobierno de coalición y que es “una vía de éxito absoluto”.