"Los mayores han sido y seguirán siendo una prioridad. Ellos nos han dado una lección de dignidad y de vida durante esta pandemia, y queremos reconocer su fuerza y su coraje", dijo en el Pleno de investidura de la Asamblea de Madrid.

La red de residencias y centros de día de la región cuenta con más de 32.000 plazas para personas mayores en situación de dependencia, una cifra que aseguró que se va a reforzar con nuevas plazas en ambos tipos de recursos.

A estas plazas hay que sumar las más de 13.000 contratadas gracias a las ayudas del cheque servicio, una prestación económica que ofrece la Comunidad de Madrid y que permite a las familias que no pueden o quieren acceder a un servicio público o concertado, disponer de una ayuda mensual para hacerlo en la red asistencial privada, según indicó.

El objetivo es impulsar la libre elección de los recursos que mejor se adapten a las necesidades de cada usuario, posibilidad que también pasa por la incorporación de las nuevas tecnologías para que los mayores puedan continuar en sus domicilios el mayor tiempo posible, retrasando el ingreso residencial. En este sentido, también se pondrá en marcha un sistema de teleasistencia avanzada que favorece la autonomía y contribuye a luchar contra la soledad no deseada de los mayores.

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN

Además, a lo largo de este año entrará en vigor el nuevo acuerdo marco que regula la contratación de plazas concertadas en residencias.

Este acuerdo, que continúa su tramitación, incrementa casi un 40% el precio diario de las plazas concertadas, lo que se traduce en la incorporación de más profesionales de atención directa (médicos, enfermeros, gerocultores, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos...) y de soluciones tecnológicas para ofrecer una atención cada vez más especializada.

El nuevo acuerdo marco también priorizará los criterios de calidad sobre el precio en el proceso de adjudicación y, además, endurece y refuerza la capacidad sancionadora de la administración en los casos de incumplimiento, ampliando los supuestos que permiten llegar a la resolución del contrato en caso de que el adjudicatario no cumpla satisfactoriamente con los criterios de calidad marcados por la Comunidad de Madrid.