Así lo recoge el análisis del Observatorio de Pensiones de la consultora publicado este lunes sobre el borrador del anteproyecto de Ley para el primer bloque de reforma de las pensiones, que incluiría, entre otras medidas, la revalorización de las pensiones con el IPC, penalizaciones a la jubilación anticipada voluntaria e incentivos para la demorada.

El grupo de trabajo de la consultora sobre esta materia considera que el anteproyecto “introduce una importante asimetría” en las jubilaciones anticipadas “difícil de entender si el objetivo es reducir la regresividad del actual sistema” al señalar que la fórmula penaliza las anticipadas voluntarias sin modificar el cálculo de las anticipadas forzosas.

También considera que “se sobrevalora el impacto del aumento de la edad efectiva de jubilación sobre el gasto en pensiones” y calcula que aumentarla un año supondría ahorrar el 1,8% de gasto y si el aumento solo afecta a las jubilaciones anticipadas “como parece más realista, se produciría incluso un mayor gasto”. Mientras, apunta que, si aumentara la edad legal en lugar de la edad efectiva, el ahorro en gasto sería del 5,69%.

“La reforma actuarialmente más justa de los coeficientes reductores para alcanzar la neutralidad debería situarse en el entorno del 0,5% mensual” para la jubilación anticipada, señala la consultora, que considera que eliminar los coeficientes reductores de la pensión con más de 40 años cotizados, variarlos o aplicarlos tras limitar la pensión máxima “se alejan aún más de lo que sería un tratamiento actualmente justo”.

Respecto a la jubilación demorada, apunta que aproximarse a la equidad actuarial llevaría a establecer coeficientes aumentadores del 0,6% por mes de demora (7,2% por año).

Del mismo modo, Willis Towers Watson observa que elevar la bonificación al 4% por año para quienes alarguen el retiro más allá de la edad legal y hacerla independiente de los años cotizados “se mantiene en un nivel muy por debajo del actuarialmente justo”.

Para el integrante del Observatorio, profesor de la Universidad de Valencia y miembro de Instituto de investigación económica IVIE, Enrique Devesa, “es fundamental que se eviten asimetrías y se introduzcan coeficientes reductores actuarialmente justos”.

Respecto a la revalorización de las pensiones, Willis Towers Watson calcula que el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) de la reforma de 2013, actualmente suspendido de facto, se situaría en el -0,51% en 2022, “bastante mejor que el del -1,36% de 2021”, lo que “indica una mejor situación financiera del sistema de pensiones español debido a las transferencias extraordinarias del Estado”, según Devesa.

El Observatorio destaca que el nuevo método de revalorización de las pensiones supone un cambio de paradigma, ya que el instrumento para equilibrar el sistema de pensiones, según el Pacto de Toledo, dejará de ser la revalorización de pensiones y pasará a ser la aportación del Estado vía transferencias, lo que supone un cambio interno de localización del déficit, pasando de la Seguridad Social a la Administración General del Estado.

Por otra parte, la consultora destaca que el déficit contributivo anual de la Seguridad Social sobre el PIB ha seguido empeorando en el primer trimestre de 2021 respecto al trimestre anterior “debido a la lenta recuperación de los efectos de la crisis de la Covid-19”. Así, subió al 2,88% del PIB mientras que el déficit por operaciones no financieras se situó en el 1,43%.

De cara a los próximos trimestres, “se espera que empiece a corregirse parcialmente si no se producen rebrotes importantes en la crisis sanitaria. Con todo, la corrección del déficit no será completa porque una parte de la mejoría será absorbida por la salida de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y no por la creación de empleo nuevo, siendo difícil bajar del 2% a final de año”, según el gerente del área relacionada con la jubilación de la consultora, Rafael Villanueva.