En declaraciones a Servimedia, apuntaron que su intención es “tenerlo listo lo antes posible”, aunque no pudieron asegurar que estuviese a punto antes de las elecciones.

El borrador del texto fue presentado este martes a las organizaciones del sector durante la reunión del foro contra la trata, que presidió la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara.

A partir de ahora, las ONG dispondrán de tres días (hasta el 14 de octubre) para remitir por escrito sus propuestas.

El texto ha sido elaborado por una comisión interministerial con representación de los departamentos de Trabajo e Inmigración, Interior, Justicia, Asuntos Exteriores, Sanidad, Política Social e Igualdad.

En él se establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas de trata, y para facilitar su asistencia y protección.

Asimismo, incorpora las recientes reformas de la Ley de extranjería y busca mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo, los órganos judiciales, la Fiscalía y las entidades especializadas que prestan asistencia.

Al encuentro también asistieron el delegado del gobierno para la Violencia de Género, representantes de los ministerios implicados y responsables de ONG miembros de la Red española contra la trata, como Proyecto Esperanza, Save the Children, la Federación de Mujeres Progresistas y el Comisionado Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), entre otras.

Según la coordinadora de Proyecto Esperanza, Marta González, “estamos satisfechos con el borrador” y desde el gobierno “se han mostrado muy receptivos a nuestras propuestas”.

González se felicitó porque “el ámbito de aplicación del protocolo se refiere a las víctimas en su conjunto”, con independencia de su nacionalidad, sector de explotación o situación administrativa.

Esto supone “un avance respecto al Plan Nacional contra la Trata, que solo se refería a las víctimas de explotación sexual”, subrayó.

A su juicio, resulta también “muy adecuado el enfoque” del texto, que en su mismo título habla de la atención a las víctimas”, y el reconocimiento que se hace del trabajo de las organizaciones sociales.

Como propuestas de mejora, González citó garantizar que las ONG permanezcan informadas en todo momento cada vez que se detecte una posible víctima a lo largo de todo el proceso; clarificar los conceptos de “colaboración con las autoridades” y de “situación personal”, y dotar de coherencia el protocolo y los procedimientos para solicitar asilo.

El borrador actual apunta a que las autoridades comunicarán a las víctimas la posibilidad de recibir asistencia por parte de organizaciones especializadas, explicó González, pero no garantizan que “tengamos acceso al proceso y que nos pongamos en contacto con ella desde el primer momento”, precisó.

Además, señala que en función de “su colaboración con las autoridades y de su situación personal” una víctima podrá optar al permiso de residencia y de trabajo, con lo que es preciso “definir estos conceptos para evitar arbitrariedad”, resaltó.

Por último, González destacó que “muchas víctimas se detectan a través de las solicitudes de asilo”, pidió coordinar ambos procesos y reclamó “unos principios de actuación que orienten todas las acciones del protocolo”, como “la perspectiva de derechos humanos y la no revictimización de las mujeres”.