En un comunicado difundido este lunes, Seopan indicó que los registros de evoluciones de precios nacionales e internacionales “confirman fuertes incrementos” partiendo del precio mínimo del 2020 con respecto al último dato publicado en 2021 en acero corrugado (+78%), cobre (+102%), aluminio (+56%), petróleo (+106%) y mezclas bituminosas (+85%).

Este problema de inflación se deriva de la reactivación de la demanda mundial tras la crisis sanitaria y de un histórico incremento del precio del transporte internacional marítimo de contenedores.

“La situación coincide, además, con la puesta en marcha de importantes planes inversores de recuperación en las mayores economías, lo que supondrá un histórico incremento de la demanda global de inversión en construcción e infraestructuras y, en consecuencia, un nuevo factor de presión al alza en los niveles de precios futuros”, según advirtió Seopan.

Destacó que hay una ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras públicas por la reforma realizada en la Ley de Contratos del Sector Público en 2007 que transformó dicho procedimiento de obligatorio a discrecional por parte de los órganos de contratación, “suponiendo, en la práctica, su casi completa desaparición de los pliegos de contratación”.

A ello se suman tensiones en la disponibilidad de determinados materiales, cuyo suministro por parte de los proveedores está condicionado en muchos casos a la aceptación de unas ofertas de suministro con cláusulas de revisión de precios semanales.

Seopan alertó de que esto, además de “poner en peligro el equilibrio económico de los contratos” al tener que afrontar las empresas contratistas incrementos de precios “superiores al 100%”, puede “poner en riesgo” el cumplimiento de los plazos contractuales de las obras.

La patronal urgió a actuar en las obras en curso habilitando una norma especial que, con carácter excepcional, permita resolver esta situación mientras persista la inflación, y, para los nuevos contratos, incorporar, con carácter obligatorio, los mecanismos de revisión de precios, lo que requeriría modificar la Ley de Contratos del Sector Público, así como la revisión del actual procedimiento de determinación de los índices de revisión de precios de contratos de las administraciones públicas.