Lo hizo en un acto semipresencial celebrado en la sede del Ateneo de Madrid en el que estuvieron presentes el director de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, y Gustavo García, autor de la propuesta.

José Manuel Ramírez destacó que la idea del documento es “residencia su casa”, una perspectiva desde la que se ha realizado un pormenorizado análisis de los centros residenciales en España a partir de los datos más actualizados de que se disponen -anteriores a la pandemia- a nivel general y por comunidades autónomas.

Destacó que los centros residenciales para personas mayores han evolucionado desde los tradicionales “asilos para ancianos desamparados”, que se mantuvieron abiertos hasta finales del siglo XX, hasta el modelo actual de centros altamente institucionalizados para una población cada vez más mayor y con mayores necesidades de cuidados.

En ese sentido, explicó que en España actualmente hay 4,5 millones de personas viviendo solas, de las que 2,1 millones (un 43,6%) tiene más de 65 años. A ello se suma que más del 20% de los españoles supera esta edad, un segmento de la población que será un 26,5% del total en 2035.

Ante esta situación, subrayó que sólo 4,3 de cada cien mayores de 65 años cuenta una plaza de residencia, una cifra que pone de manifiesto que para alcanzar la ratio mínima que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 5% faltan 70.000 plazas residenciales.

A ello se suma que únicamente el 2,68% de las personas mayores cuenta con una plaza en una residencia con financiación pública (centro público o concertado), siendo el tamaño medio de estas infraestructuras de 70 plazas.

José Manuel Ramírez detalló que cuatro de cada cinco residentes tienen más de 80 años, siendo casi tres de cada cuatro mujeres. Al mismo tiempo, sólo un 4% de ellos quiere vivir en una residencia, lo que urge, dijo, a “favorecer un modelo residencial que comienza en casa”.

También lamentó que entre los años 2010 y 2019 se produjo un incremento de apenas 20.000 plazas en centros residenciales, a pesar de que la población de personas mayores de 65 años creció en más de un millón en esa década.

Arguyó que actualmente hay unas 200.000 personas trabajando en el sector residencial, y apuntó que la inversión está en 5.000 millones de euros, un 0,45% del PIB español, siendo el coste medio concertado por plaza residencial de 21.345 euros anuales, lo que supone destinar 1.779 euros al mes.

El director de este colectivo comentó que este documento se remitirá próximamente a las comunidades autónomas (tres de ellas se han ofrecido formalmente a discutir su contenido), asociaciones profesionales, sindicatos, ONG y empresas para alcanzar el máximo consenso.

De hecho, hoy mantendrán un encuentro con el director general del Imserso, Luis Alberto Barriga, para explicarle sus propuestas, lo que le dio pie a reclamar al Gobierno que aproveche la llegada de los fondos europeos con cargo a la pandemia para abordar este cambio de modelo.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Por su parte, Gustavo García comentó la necesidad de abjurar del modelo actual en el que las residencias se parecen a hospitales para poner en marcha uno en el que estos centros tengan las comodidades propias de los hogares.

Reconoció que el desarrollo de este nuevo modelo “requería muchos años” y llevará a algunas residencias al cierre, siempre y cuando no reciban ayuda de las administraciones para adaptarse.

No obstante, desgranó algunas de las medidas que forman parte de este cambio de modelo residencial, como auspiciar que los planes de atención individualizada (PAI) de la dependencia sean flexibles para compaginar y cambiar los diversos servicios y prestaciones domiciliarias y residenciales o determinar que los informes sociales en el planeamiento urbano aseguren la dotación en suelo consolidado y habitado para centros residenciales.

También se pretende que las residencia cuenten con un mínimo del 75% de habitaciones individuales, con una superficie no inferior a 15 metros cuadrados, que las Unidades de Convivencia no cuenten con más de 15 residentes, con sala de estar y comedores integrados, y una superficie no inferior a cuatro metros cuadrados por residente.

A su vez, se busca que se permita el acceso de los familiares a la habitación del residente y a servicios del centro, así como que se posibilite que puedan comer con sus familiares en las instalaciones, y que se habiliten servicios para alojamiento ante situaciones especiales, como convalecencia o periodos próximos al final de la vida.

Al mismo tiempo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales propone que haya un profesional de referencia para no más de cinco residentes, y que se pongan en marcha programas de reducción de sujeciones físicas y farmacológicas en todos los centros.

Plantean el establecimiento de atención hospitalaria domiciliaria en aquellas residencias donde sea posible, a cargo del personal del hospital, así como cubrir con una ratio de 0,50 en todos los territorios que no la tienen todavía, y alcanzar el 0,60 en un plazo máximo de cinco años. Todo ello, acompañado de incrementos salarias no inferiores al 15% para los trabajadores de estos centros.

Este colectivo insta a establecer niveles de calidad de los centros residenciales, consensuados y evaluados por las administraciones, como referencia para los precios de concertación de plazas o para la prestación vinculada, y a flexibilizar el requisito de edad para el ingreso en un centro residencial de mayores, y superar el criterio de 65 años para definir la necesidad de plazas residenciales o de servicios para este segmento de la población.

Por último, el documento presentado incluye una escala de cien puntos para evaluar la situación de los centros residenciales en relación con el nuevo modelo.