Lo hizo en una declaración que aprobó el Consejo de Ministros con motivo de la celebración el próximo 28 de junio del Día Nacional del Orgullo Lgtbi, en la que observó que “España es un país feminista y con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos, que sitúa, como eje de su acción política, la garantía de igualdad de derechos de todas las personas”.

Esa “igualdad de derechos”, prosigue el texto, “debe ser protegida frente a las implicaciones que el patriarcado y el machismo tienen también para las personas Lgtbi”.

Por esa razón, “desde ese feminismo y ese respeto a la diversidad sexual, de género y familiar es desde donde este Gobierno se posiciona a favor de las libertades y de los derechos fundamentales para proclamar el Orgullo Lgtbi”.

En ese sentido, la declaración recalca que el Gobierno “está firmemente comprometido con este objetivo a través del desarrollo de legislaciones que amparen los derechos Lgtbi y que nos sitúen de nuevo a la vanguardia europea e internacional”, haciendo coincidir el ordenamiento jurídico español con la estrategia de igualdad Lgtbi de la Comisión Europea y condenando la Lgtbifobia.

Esta apostilla coincide en el tiempo con la entente que el Gobierno de coalición, fundamentalmente la parte socialista, mantiene con la comunidad Lgtbi en relación con la ‘ley trans’, después de que el Congreso de los Diputados rechazara la toma en consideración de una proposición de ley en este ámbito gracias a la abstención del PSOE.

Este hecho provocó que en el debate parlamentario sobre esta cuestión la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, interviniera para mostrar su “más firme compromiso con que la libre determinación de género sea una realidad para las personas trans en esta legislatura”.