Para Gestha, dicho rechazo supondrá que “será inviable taponar el agujero de 38.000 millones de euros que provoca la economía sumergida en España por el diferencial con respecto a la media europea”, ya que, explicaron, los técnicos “seguirán centrados en la comprobación y cobro de los fraudes de particulares, autónomos y pequeñas empresas, mientras quedarán prácticamente impunes las evasiones de multinacionales y grandes fortunas”.

Así, el sindicato apuntó que la creación de un cuerpo superior técnico de Hacienda “serviría para reducir significativamente los 42.770 millones de deudas tributarias pendientes en 2019, cifra que habrá aumentado en 2020 por la situación económica y moratorias del Covid, así como evitar el desplome del 82% en las denuncias a la Fiscalía de delitos fiscales y del 72% en las cuotas delictivas descubiertas, básicamente por la limitación de las competencias de los técnicos”.

En este contexto, los técnicos ven “incomprensible” que el Ministerio de Hacienda haya “rechazado sin una justificación” las propuestas de transacciones de los grupos parlamentarios para el aumento de sus competencias y responsabilidades, a pesar de que representan el 83% de los funcionarios del grupo A en las áreas funcionales y sus competencias están limitadas a investigar a los pequeños o muy pequeños contribuyentes.

Por ello, el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, afirmó que “Hacienda ha vuelto a defraudar a los técnicos del Ministerio de Hacienda, después de más de dos años y medio colaborando activamente en este proyecto de Ley para reforzar sus puntos débiles”, y advirtió de que “la limitación de competencias y responsabilidades que sufrimos en la actualidad pone en tela de juicio el cumplimiento del objetivo de la Estrategia 2050, presentada por el presidente, Pedro Sánchez, que prevé situar la economía sumergida en el 15% del PIB en 2030”.

MEDIDAS POSITIVAS

Por otro lado, desde el sindicato valoraron positivamente que en el proyecto de ley aprobado ayer en el Senado, que ahora tendrá que volver al Congreso para que la Cámara Baja apruebe o rechace los cambios introducidos, se hayan incluido “dos medidas estrella” propuestas por Gestha.

En concreto, el sindicato destacó que, por un lado, “por primera vez en España, expertos independientes evaluarán oficialmente la economía sumergida, el fraude fiscal y laboral y la elusión fiscal, por territorios, sectores económicos e impuestos”. En segundo lugar, resaltaron el aumento de las plantillas en el Ministerio entre 15.000 y 17.500 nuevos efectivos en la Administración financiera hasta equipararlas en 2027 a la media europea.

En cualquier caso, para Gestha, “no podrá aumentarse el gasto público en protección social en 55.000 millones para alcanzar la media europea”, al considerar que “antes de aumentar los impuestos a quienes ya los pagan, se debe hacer cumplir la ley fiscal a quienes no la cumplen, no sólo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino por equidad, eficiencia y competitividad, y moralidad pública”.

Asimismo, los técnicos echan en falta otras medidas en la ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, entre las que destacan el aumento de la colaboración entre administraciones tributarias, su transparencia y el incremento de la prescripción tributaria a 5 y 10 años para equipararla a la prescripción de los delitos fiscales y delitos fiscales agravados. También la concreción de la baja tributación para considerar una jurisdicción no cooperante, que Gestha sitúa en el mínimo del 15% “consensuando a nivel global”.