Lo dijo este lunes el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, en el marco de su comparecencia ante la Comisión Mixta para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Congreso de los Diputados.

El secretario de Estado recordó que el próximo 15 de julio España se someterá al Examen Nacional Voluntario de la ONU sobre dicha estrategia, al tiempo que expondrá las líneas maestras para su desarrollo.

Tras recordar el proceso de desarrollo del documento, avanzó que Naciones Unidas ha reconocido tres de las actuaciones impulsadas por el Gobierno como “mejores prácticas internacionales” en lo referido a la “construcción de partenariados” para el logro de la Agenda 2030.

Este reconocimiento, dijo Enrique Santiago, incluye las medidas articuladas en forma de escudo social para paliar las consecuencias sociales y económicas causadas por la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, manifestó que este proceso de elaboración ha permitido “elaborar una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que recoge los grandes consensos y aprendizajes que extraemos de esta crisis”.

Recordó que España se comprometió en 2015 a poner en marcha la Agenda 2030, pero no fue hasta junio del año 2018 cuando se aprobó un Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030.

“Han pasado, por tanto, casi seos años desde la aprobación de la Agenda 2030; es decir, más de una tercera parte del plazo establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ni la comunidad internacional ni nuestro pueblo podían esperar más”, aseveró.

Explicó que en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 se especifican ocho retos que España tiene ante sí, así como las políticas aceleradoras del desarrollo sostenible que han de ponerse en marcha para afrontarlos.

De este modo, el Gobierno ha detectado que los desafíos que afronta España son el de la pobreza y la desigualdad; la emergencia climática y ambiental; la brecha de la desigualdad de género y la discriminación; las ineficiencias del sistema económico; la precariedad laboral; la crisis de los servicios públicos; la injusticia global y las amenazas a los derechos humanos y los principios democráticos; y la situación del medio rural.

Para afrontar dichos retos, el Ejecutivo pondrá en marcha hasta 2030 una serie de políticas concretas que se recogen en el documento.

Entre esas políticas concretas, se encuentras las vinculadas con la transición social, cuyos ejes fundamentales han de ser la garantía de derechos y la redistribución de la riqueza. Para ello, se establece la necesidad de llevar a cabo medidas orientadas a la provisión de ingresos y a reafirmar el derecho a la vivienda o la lucha contra la pobreza energética.

El documento también aborda la necesidad de construir un país que “respete los límites del planeta, o que asegure vidas libres y seguras para todas, cerrando las brechas de desigualdad y de discriminación, erradicando las violencias machistas para siempre y garantizando el reparto justo y la corresponsabilidad del Estado en el sistema de cuidados”.

También se apuesta por “un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y justo”, abordando una “necesaria transformación de nuestro sistema productivo que apueste por nuestras pymes y nuestros autónomos y autónomas, por la economía verde y por la Ciencia e Innovación, y que proteja elementos principales de nuestro país como el deporte y la cultura”.

A su vez, se plantea “garantizar la calidad y la estabilidad en el empleo, estableciendo dichas bases en nuestras modalidades de contratación, apoyando la negociación colectiva y regulando las disposiciones necesarias para asegurar el trabajo decente” en España.

Por último, se apuesta por consolidar unos “servicios públicos reforzados”, que “garanticen un estado del bienestar democrático y resiliente”, más si cabe tras los estragos causados por la pandemia del coronavirus.