En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, su portavoz, María Jesús Montero, explicó que el acuerdo sobre el traspaso de las cárceles vascas se cerró el pasado 10 de marzo y finalmente se hará efectivo el próximo 1 de octubre.

Montero explicó que “la legislación y la normativa penitenciaria seguirá siendo competencia estatal común en toda España”, de forma que lo que asumirá el País Vasco serán las “funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios”, algo que está recogido en el Estatuto de Guernica de 1979.

Indicó que la cesión de las prisiones vascas incluirá la gestión de los centros penitenciarios de Bilbao, San Sebastián y Nanclares de la Oca (Álava), así como de los 684 puestos de trabajo vinculados a los mismos. A este respecto, agradeció a estos empleados públicos la “facilidad” que han puesto para poder realizar al completo el traspaso de esta gestión.

Al mismo tiempo, la portavoz explicó que el Consejo de Ministros aprobó este martes otros traspasos al País Vasco, como la equiparación de transporte terrestre por carretera y lo relativo a materias de otorgamiento de códigos internacionales de identificación de publicaciones seriadas de empresa o entidades. También se cede las autoridades vascas un edificio en el puerto de Ondarroa (Vizcaya), que fue anteriormente sede del distrito marítimo.