En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Perea señaló que, en la actualidad, la gran mayoría de las plazas disponibles en el Sistema Nacional de Acogida pertenecen a centros del Estado pero gestionados por entidades sin ánimo de lucro, a las que agradeció “su dedicación fundamental y desinteresada”.

De hecho, las plazas de gestión directa apenas suponen el 3% de la capacidad del sistema, apuntó, con un centro en Canarias, otro en Valencia y dos en Madrid.

Esta ratio sitúa a España “como uno de los países de la UE con menor capacidad de acogida en función del número de solicitudes que recibe”, más de 88.000 en 2020, pese “a las circunstancias excepcionales de la pandemia”.

El objetivo es llegar a cerca del 30%, unas 5.000 nuevas plazas, precisó Perea. A ellas tendrán acceso preferente los colectivos vulnerables, prosiguió, en especial “las víctimas de trata y las mujeres que han sufrido violencia de género”.

PROACTIVIDAD

A su juicio, la política migratoria, en general, y de asilo, en particular, “se ha basado hasta ahora en una respuesta reactiva, y nuestro objetivo es proporcionar una estrategia más proactiva, de carácter estructural y no coyuntural”.

Indicó que el nuevo modelo de gestión se negocia en la actualidad con “todas las entidades implicadas”, y con el asesoramiento de Acnur, la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).

Se llevará a cabo “con cargo al componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, y destacó “su capacidad para revitalizar ” aquellos núcleos donde se instalen los nuevos centros. De ahí que su propósito sea vincularlo a la Estrategia Nacional de Reto Demográfico, según precisó.

Explicó que la atención a los solicitantes de protección internacional es a fin de cuentas una política social que, como tal, está transferida a las comunidades autónomas. Por eso, se avanzará junto a ellas en reforzar la capacidad de acogida de estas personas, “mediante proyectos piloto y con cautela”, a fin de evitar “conflictos competenciales”.

Otra novedad del futuro modelo pasa por la implantación de dos líneas de ayudas distintas. La primera será “de carácter general para cubrir las necesidades básicas” de todos los solicitantes, apuntó, y habrá “una segunda línea de ayudas más cualificadas, dirigidas a los refugiados ya reconocidos y a aquellos solicitantes con altas posibilidades de obtener la protección internacional”.

Según las últimas estimaciones, el 30% de las personas que solicitan protección internacional en España piden también las ayudas reconocidas en la Ley de Asilo para quienes no tienen capacidad económica, “aunque el porcentaje final de reconocimiento es mucho menor”.

UNIÓN EUROPEA

Por otro lado, Perea destacó su "compromiso de reforzar los programas de reasentamiento”, dentro de los cuales España debe acoger a 1.200 refugiados de fuera de la UE en 2021. Resaltó que, precisamente, “ayer llegaron a Barajas 88 ciudadanos sirios -siete familias- procedentes de los campamentos de refugiados de Jordania”.

Perea se refirió también a las negociaciones de cara al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en las que “España defenderá su imagen de país abierto, a favor de una inmigración segura y regular”. En su opinión, “existe un claro desequilibrio en la solidaridad entre los países de primera línea y los de Europa central y del norte” en cuanto a la acogida de migrantes y refugiados.

Esto no favorece “de ninguna manera la llegada de migrantes por vías legales”, y apostó por una política migratoria encaminada a “atraer el talento y la innovación, no basada solo en titulaciones, sino también en competencias”.