Así se desprende del informe anual del sector de la consultoría correspondiente a 2020 y difundido este martes por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC), presidida por la exvicepresidenta Elena Salgado.

El aumento de los ingresos registrado el año pasado, cuando impactó la pandemia de Covid-19, ha sido impulsado por el aumento de los ingresos en el mercado nacional, que fueron de 11.346 millones, un 0,5% más que en 2019.

La creación de puestos de trabajo creció un 0,7%, hasta superar los 203.500 empleados. El 66% de los trabajadores del sector disponen de titulación universitaria, muy por encima de la cifra media en la economía española, y en los últimos años ha habido un aumento en la demanda de titulados de Formación Profesional, alcanzando en 2020 el 19% del total de la plantilla.

La AEC explicó que la escasez de profesionales provenientes de áreas ‘STEM’ (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) necesarios para acometer los proyectos de transformación digital hace que cada año las empresas de consultoría tengan dificultades para captar profesionales.

En 2020, la inversión en formación fue de 68,1 millones de euros, con una ligera disminución respecto del año anterior debido a la transición a sistemas virtuales de formación, con menores costes operativos. El gasto en formación por empleado fue de una media de 335 euros, por encima del promedio español de 106 euros.

En cuanto al género, las mujeres en plantilla el año pasado supusieron el 32,3%.

Por otra parte, el sector destinó a su propia innovación un 3,9% de sus ingresos, el triple que la media de España. En volumen, invirtieron en innovación más de 567 millones de euros en 2020.

En cuanto a la distribución de ingresos por tipo de servicio, la consultoría representó el 21,8% de los ingresos; los proyectos de desarrollo e integración, el 28,9%, y el ‘outsourcing’ o externalización, el 49,3%.

Los servicios financieros vuelven a ocupar el primer lugar como demandantes de consultoría, con un 34,8% del total de los ingresos; seguidos por las administraciones públicas, con un 14,4%; el sector de la energía y de las ‘utilities’ o servicios urbanos con un 13,8%, y el de las telecomunicaciones, con un 12,7%.