En la exposición de motivos, estos grupos y fuerzas parlamentarias dicen haber detectado una “absoluta inobservancia” por parte del Tribunal de Cuentas de su obligación de denunciar irregularidades de contabilidad por parte de partidos e instituciones públicas, y que ello contrasta con las que sí viene realizando sobre la utilización de recursos económicos por parte de los gobiernos independentistas catalanes.

Los firmantes deducen de ello un supuesto “sesgo ideológico” del Tribunal de Cuentas que es “del todo incompatible con los principios” del Estado de Derecho que deberían regir el funcionamiento de la institución.