“Esta medida contribuiría a la recuperación de la economía, estimulando el espíritu emprendedor, creando empleo y reduciendo el riesgo de exclusión social”, afirmaron desde la patronal, que defiende que los acreedores públicos “afectan a todo el sistema de tratamiento de la insolvencia”.

En esta línea, la patronal considera “imprescindible” que las deudas que los empresarios arrastren con la Seguridad Social y Hacienda no queden excluidas de la Ley de Segunda Oportunidad, “ya que es la única posibilidad que se haga efectivo el objetivo que persigue la ley”.

“En los procesos de reestructuración de deuda y de ejecución y concursales habría que acabar con los privilegios de los acreedores hipotecarios y públicos, ya que deberían dejar de ser créditos privilegiados y debería arbitrarse a través de la mediación administrativa obligatoria extrajudicial, que está previsto incluirse en los procedimientos judiciales en varios anteproyectos de ley que nunca ven la luz pública”, afirmó el presidente de Conpymes, José Luis Roca.

Asimismo, la patronal pidió al Gobierno eliminar medidas “formales” en la tramitación de concursos de acreedores, como la suspensión de requisitos para su presentación, “que lo único que consiguen es dilatar el proceso”.

Como bien explican desde Conpymes, la Ley de la Segunda Oportunidad permite a las personas insolventes exonerar su deuda, siempre y cuando hayan llegado a esta situación a través de acciones realizadas con buena fe. El objetivo final de esta ley es permitir a los empresarios reiniciar su actividad empresarial.